El estado de México inició el año 2021 sin presupuesto. En la historia reciente del estado de México no se recuerda un hecho semejante. La Cámara de Diputados inicia esta semana la dscusión del paquete fiscal para 2021, mientras los poderes del estado, ayuntamientos, organismos autónomos, desconcentrads y descentralizados, sólo tienen garantizado su gasto corriente.
Tampoco está definida la Ley de Ingresos.
La razón de esta indefinición es el conflicto que la deuda pública representa para los diputados de Morena. Se niegan terminantemente a a autorizar que el Ejecutivo adquiera financiamiento para solventar proyectos de desarrollo en la entidad. Quieren que se apueste a los ahorros y a una política de austeridad. Su posición suena al neoliberal superávit en la balanza presupuestal. Al tecnócrata equilibrio fiscal. Al déficit cero que esgrimieron como patrón de conducta los gobiernos neoliberales.
La deuda pública no es negativa per se. Tampoco es buena sólo porque sí. Es una herramienta para financiar el desarrollo, siempre y cuando tenga los límites, candados y controles suficientes para evitar que se convierta en un problema económico y político.
Los diputados locales, especialmente los de Morena, no pudieron o quisieron discutir a fondo la propuesta de deuda de 13 mil 500 millones de pesos. El argumento fue que el estado de México se encuentra muy endeudado. Y aunque les sobra razón, descalificar la deuda porque sí es simplemente sumarse a un precepto del presidente López Obrador, que asegura que ha hecho crecer al país (¿?) sin endeudarlo, aunque el presidente y su administración saben que existen líneas de crédito de organismos internacionales a las que puede acceder cuando tenga necesidad.
En otras legislaturas del estado de México el presupuesto se llegó a debatir hasta el último día del año. Pero el 1 de enero hubo presupuesto. Esta vez los diputados se fueron sin aprobarlo, aprovechando que la ley señala que es posible que la administración pública funcione durante enero con el presupuesto de año anterior.
Por ahora el gobierno —en sus tres poderes y organismos—sólo puede acceder al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo. Todo por exorcizar el demonio de la deuda.
