Por alguna razón, que escapa a toda lógica y ética política-gubernamental, el gobierno del estado de México se ha hecho de vista gorda ante el aumento que algunos concesionarios han aplicado a la tarifa del transporte público de pasajeros.
Sí, cualquiera ha escuchado, leído o visto que el gobierno estatal advierte que va a castigar a quienes abusen de los pasajeros y les cobren de más.
Pero parece que los choferes y los concesionarios supieran que las amenazas, advertencias o amonestaciones son de a mentiritas. O que la Secretaría de Movilidad es incapaz de mover un dedo para castigar los abusos. Y por eso persisten en su actitud que no sólo ha sido la de subir la tarifa, sino la de bajar a los pasajeros que se oponen a ser víctimas del abuso.
No es cualquier cosa. No es cualquier servicio.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, los mexicanos destinamos 1 de cada 5 pesos que ganamos al gasto de transporte. Para que te hagas una idea del monto de este gasto, destinamos a ropa y calzado 6 veces menos que lo que gastamos en transporte. De ese tamaño es el problema.
Pero el caso de la relación del transporte urbano concesionado con las autoridades es como una relación padre-hijo. El papá amenaza con aplicar un castigo como consecuencia de las acciones de sus hijos, pero nunca cumple; los hijos aprenden pronto que se trata de una advertencia vacía. Y hacen lo que quieren, además de que los padres se convierten en bufones.
Pues así en el transporte. Aunque el que paga la ausencia de autoridad es el pasajero.
