La decisión de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, de bajarse el sueldo que recibe, es una muestra de solidaridad con los que menos ganan y un ejemplo de que se quiere dar otra imagen, de austeridad, de los que están en puestos de gobierno. La mandataria se reducirá 7.5 por ciento de sus percepciones para ganar 96 mil pesos al mes, en cifras cerradas, lo que equivale a unos siete mil pesos menos de lo que percibía Alfredo del Mazo.
Obviamente, no se ha reparado en que la que mandataria mexiquense recibe otro tipo de prestaciones o servicios como casa con luz, agua, gas e internet; comida, aseo, transporte y seguridad y que hay que pagar el personal a cargo de todo esto pero la idea es que los demás funcionarios volteen a ver sus ingresos netos, especialmente los miembros del Poder Legislativo y los titulares de los órganos autónomos.
El salario de la gobernadora es también para contar con un salario justo y equitativo y fijar un tope de ingresos y no que se siga despachando con la cuchara grande donde se ve que hay y se puede, además de planear y amarrar formas adicionales de ingresos como ha venido ocurriendo por décadas. Estaría pues bien escuchar si los miembros de todo el aparato gubernamental, los diputados y hasta los integrantes del Poder Judicial le van a entrar y qué se haría con el dinero que ya no recibirían o si prefieren quedarse calladitos y quietecitos porque no les alcanza.
