El pasado viernes por la noche, la Secretaría de Movilidad del gobierno del estado de México tuvo a bien atizarle a la población mexiquense un aumento de dos pesos al transporte público de pasajeros. En aquellos aciagos tiempos de principios de la década de los ochentas del siglo pasado, los aumentos a los precios de los productos básicos y las devaluaciones se daban en circunstancias similares. Y el imaginario popular los bautizó como “sabadazos”.
Si subía el huevo un sábado o u viernes a la media noche, si el aumento era de la tortilla o del gas o la gasolina o si el dólar se ponía por los cielos, era un “sabadazo”. El clásico “sabadazo”, decían los titulares de los periódicos y uno podía esperar lo peor.
Pues así, poco más poco menos, la parada mínima del transporte público de pasajeros en el estado de México cuesta hoy 14 pesos. Con 25 centavos por cada kilometro adicional, después de los primeros cinco kilómetros de recorrido. Con el pero de que como ya no hay moneda fraccionaria, “se aplicará un redondeo al múltiplo más cercano a los $0.50 centavos, de conformidad con la pirámide tarifaria que se emita para dicho fin”.
Algunos dirán que dos pesos no son mucho. Son 16.67 por ciento de la tarifa previa. Pero en dos viajes sencillos ya son cuatro pesos. Dos viajes diarios durante un mes resultan la bonita suma de 80 pesos. Y en una familia de cuatro integrantes ya son 320 pesos. El trancazo para una familia promedio no es menor.
Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el gasto familiar en movilidad equivale a entre 12 y 15 por ciento de los ingresos. Y que 70 por ciento de los mexiquenses utilizan el transporte público de pasajeros para sus traslados, además de que los viajes directos son los más pocos, de modo que los 320 pesos fácilmente se pueden multiplicar por dos o por tres. Un dato de la organización El Poder del Consumidor asegura que el 60 por ciento de los mexiquenses en los municipios del Valle de México utiliza de dos a cuatro transportes en sus trayectos diarios, en tanto el 31 por ciento emplea cinco o más.
Hagan, mis cuatro lectores, las operaciones aritméticas correspondientes y verán el mandarriazo que significa la decisión de la oficina en la que cobra como secretario Daniel Sibaja, que desde luego no ha dado la cara para explicar la decisión.
Eso sí, en la Gaceta del Gobierno de la media noche del viernes quedo plasmado que los concesionarios se comprometen a “la reestructura integral del transporte público, mejorando el servicio, mantener limpias las unidades, priorizar el pago de los servicios de mantenimiento, seguros, equipos de videovigilancia, capacitación a personas operadoras, la renovación de unidades, la cromática de las unidades, así como cumplir con la revisión físico-mecánica de las mismas, con la periodicidad que determine la autoridad, todo esto en términos de las normas técnicas aplicables, buscando brindar una movilidad segura, digna y eficiente a las personas usuarias, contribuyendo a la modernización y la viabilidad del servicio público de transporte para las personas mexiquenses, garantizando condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sostenibilidad”.
Sí, lo mismo a lo que se han comprometido desde que el arriba firmante se acuerda. Porque por allá del año de 2019, en el mes de diciembre el entonces secretario de Movilidad, Raymundo “N” —la verdad es que no sé si pueda citar sus apellidos— aseguró que el aumento ayudaría a las empresas de transporte público a continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, así como a implementar nuevas medidas para tener un servicio de mejor calidad.
Y de eso, no ha pasado nada. El transporte sigue igual. Ni paradas definidas tenemos. Menos paraderos y sí, en cambio, casi total anarquía. Lo únicos amolados han sido los usuarios. Igual que hoy.
