La justicia en línea llegó para quedarse. Igual que del COVID-19.
La contingencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 también ha transformado a la impartición de justicia. El magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la entidad, está convencido de que el tránsito hacia un sistema judicial con un alto componente digital ya es un “cambio de por vida”.
El Poder Judicial del estado de México tenía camino andado. La epidemia de COVID-19 sólo le dio un empujón adicional. Desde hace tres años se impulsaron los medios electrónicos: el ejemplo más conocido es el de la Sala de Telepresencia. Pero el estado de México es una de los pocas entidades del país que lleva sus solicitudes de orden de aprehensión y de cateo en línea, con plazos perentorios para jueces y magistrados que conducen a que a través de los tribunales electrónicos se materialice la justicia pronta y expedita.
Y no es pose. El 12 de mayo pasado un juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento de Nezahualcóyotl sentenció a Roberto “N” a ocho años y diez meses de prisión, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de identidad resguardada. La sentencia se emitió en línea, mediante una video conferencia en la que comparecieron el agente del Ministerio Público, el acusado y su abogado, así como el juez Alberto Cervantes, que escuchó los alegatos finales de las partes y dicto sentencia. El Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México es un hecho.
La respuesta rápida del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a la epidemia tiene un avance claro, pues en el periodo de abril a mayo de 2020, durante esta contingencia sanitaria, se han tramitado 4 mil 755 firmas electrónicas (FeJEM) —que puedes solicitar en este enlace http://fejem.pjedomex.gob.mx/fejem/—, 51 por ciento más que las que se gestionaron en el periodo de enero a mayo de 2019. Los abogados han comprendido que no hay marcha atrás y que pese a todos los formalismos a los que están acostumbrados, los legajos y expedientes que han caracterizado a su profesión, tienen que subirse al tren digital. De hecho, siete mil personas se han capacitado en el uso del Tribunal Electrónico, de ellas, dos mil son funcionarios del Poder Judicial y cinco mil usuarios externos.
La impartición de justicia es una actividad estratégica que no puede parar, aún en la contingencia sanitaria por COVID-19, asegura el magistrado Sodi.
El Tribunal Electrónico del Poder Judicial mexiquense ofrece 40 procedimientos, incluyendo procesos penales y de los juzgados familiar y civil en línea, lo que ha permitido que los usuarios avancen en asuntos penales, familiares, mercantiles y civiles, salvo los casos en los cuales es indispensable la presencia de los actores, como en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles.
El Tribunal Electrónico ha llevado a cabo 262 juicios para alimentos —un promedio de 9 diarios— y 150 de violencia familiar. La atención en ambos rubros ha sido permanente desde el inicio de la pandemia, ya que se trata de temas sensibles de la sociedad. En materia penal, se han desahogado mil 922 audiencias en todo el territorio mexiquense, un promedio de 43 diarias.
Pero el modelo de justicia electrónica no se circunscribe a los procedimientos en curso. También se ha desarrollado un modelo único de convivencias familiares en línea que serán supervisadas por especialistas de Poder Judicial mexiquense y que permitirán que padres, madres y familias puedan ver a su niña, niño o adolescente. En el tiempo que dure la pandemia, se prevén atender mil 800 convivencias remotas.
Con los servicios del Tribunal Electrónico, los jueces y órganos jurisdiccionales pueden realizar audiencias, procedimientos y sentencias de manera remota para reactivar la función jurisdiccional. El pleno del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia ya probó que se puede reunir mediante estos sistemas, que puede hacer nombramientos y fijar resoluciones.
También lo hacen los Juzgados de Control, que amplían los servicios en línea en trámites judiciales como procedimientos abreviados, mecanismos alternos para la solución de las controversias, suspensión condicional del proceso a prueba y solicitudes del sobreseimiento de causa. Además, las audiencias intermedias, las providencias precautorias para la restitución de derechos a la víctima y aquellas en las que se deba resolver de inmediato.
En los Tribunales de Enjuiciamiento, bajo el esquema de videoconferencia, se resolverán los procesos donde se haya culminado con el desahogo de las pruebas y se encuentre pendiente únicamente la escucha de los alegatos de clausura, cuya sentencia también será emitida en audiencia virtual.
En su momento, las y los jueces trabajarán en línea sus proyectos que se hayan declarado vistos, y se dictarán sentencias, pues no requieren la presencia de las partes. Las notificaciones que impliquen libertad se comunicarán de inmediato, quedando suspendido el término para la interposición de recursos. En el caso de personas detenidas, sentenciados, imputados, procesados, peritos o testigos diagnosticados con COVID-19 se trabajará por telepresencia para evitar contagios.
Ricardo Sodi está convencido de una política de “cero papel”, donde se puede contar con expedientes 100 por ciento electrónicos, se pueden presentar demandas y promociones, donde es posible enviar exhortos o presentar apelaciones, en el que se mejoran las condiciones de trabajo, se obtiene una estadística confiable y casi instantánea, se generan alertas procesales y es posible una interconexión con instancias como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad o los notarios. Pero también donde existen indicadores de desempeño confiables y se pueden tomar decisiones a partir de un sistema de información completo y veraz. Un Tribunal Electrónico que fomenta el talento, promueve la austeridad y mejora la atención ciudadana. Como el COVID-19, la justicia electrónica llegó para quedarse.
