La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 08/2023 al Secretario de Seguridad del Estado de México, al Subsecretario de Control Penitenciario y al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, por la vulneración a los derechos de una persona privada de la libertad (PPL) a una estancia digna y segura, a la integridad y seguridad personal, así como a una adecuada reinserción social.
Durante la investigación del expediente, el personal del Organismo Defensor obtuvo dos versiones de los hechos que derivaron en la recomendación, ya que, por una parte, el afectado señaló que durante su estancia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, en marzo de 2022 mientras realizaba artesanías, otra PPL le avisó que lo buscaban para el pase de lista. Explicó que al llegar a la celda, dos elementos de custodia cruzaron palabras con él, pero uno de ellos lo sujetó de la cabeza y golpeó contra los barrotes, dejándolo inconsciente hasta que despertó en el hospital; derivado de las lesiones, hasta la fecha tiene secuelas.
La segunda versión indica que un custodio realizaba un rondín y observó que la víctima estaba peleando con otro interno, por tanto, al separarlos, los elementos de seguridad penitenciaria advirtieron que tenía lesiones graves, que ameritaron su traslado al hospital; por dicha pelea el lesionado fue sancionado por el Comité Técnico del CPRS.
Tras una exhaustiva investigación y entrevistas, el Organismo Defensor determinó vulneraciones al derecho a una estancia digna y segura, porque el Estado tiene la guarda y custodia de las personas recluidas, por tanto, la falta de garantía por omisiones derivadas de la inadecuada custodia y las condiciones perniciosas al interior del centro penitenciario de Almoloya de Juárez pusieron en riesgo la integridad de la víctima.
También fue vulnerado su derecho a la integridad y seguridad personal, ya que al ingresar al Penal no tenía alguna afectación física, sin embargo, las lesiones que recibió le causaron secuelas permanentes que lo dejaron en silla de ruedas, además de limitaciones en visión y audición, aunado a la afectación a su derecho a una adecuada y cuando alguien ingresa a un CPRS sin alteraciones físicas y psicológicas debe ser liberado en las mismas condiciones y no en un estado inferior al que tenía, es decir, debe presentar una mejora física y emocional para reinsertarse en la sociedad, pero en este caso, es todo lo contrario.
