En el estado de México hay una “pequeña” disminución en lo que se refiere a la percepción de inseguridad y el crimen que sufre la población, así lo sostuvo el procurador de Justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez, al destacar que datos oficiales refieren que se pasó de 96 a 93 delitos que no se denuncian, la denominada cifra negra; tres puntos porcentuales que aseguró son significativos frente a un estado con la carga poblacional de 17 millones de habitantes que tiene.
Como parte de la glosa por el cuarto informe del gobernador Eruviel Ávila Villegas, el funcionario se manifestó en torno a la encuesta de percepción de inseguridad referida por el INEGI donde destaca que el Estado de México como la entidad que se perciben con más inseguridad, tema en el cual argumentó que en términos reales no estamos alejados de la media nacional.
Defendió que dentro de los delitos que si se denuncian se pasó del 6.4 por ciento al 8.8, de estos últimos en estadística se incrementó la cantidad de investigaciones que se iniciaron en la procuraduría, lo que dijo significa un “modesto pero una disminución en la cifra negra, y un incremento en la denuncia”.
“Este representa el indicador de disminución de la impunidad precisamente un impacto de las reformas de ley y la actuación”
Argumentó que resultados oficiales en el combate a la impunidad y de procuración de justicia indicó que se pasó de 16 mil 356 carpetas radicadas ante la autoridad judicial a 16 mil 479, es decir un 0.79 por ciento.
Además de que se incrementaron de mil 21 a dos mil 652 los juicios orales esto significa un 159 por ciento de aumento con más sentencias condenatorias con cinco mil 331 a cinco mil 943, es decir un 11. 4 por ciento pero reconociendo este año en el delito de robo con violencia más de 30 mil 601 sucesos.
“Es una encuesta de percepción ciudadana, en la misma encuesta tenemos una serie de elementos en los cuales el estado de México tiene mejores números pero evidentemente no podemos decir que estamos satisfechos, no podemos echar las campanas al vuelo”.
Uno de los apartados más cuestionados por los legisladores fue la actuación de la Procuraduría de Justicia en los hechos de la masacre de Tlatlaya, en el sur mexiquense; de inicio dijo es un proceso penal que sigue en el ámbito civil federal, en tanto lo ocurrido esa noche es materia de la PGR.
Para el proceso que ha seguido la instancia local, estableció, se ha basado en el conocimiento de la actuación de los servidores público frente a circunstancias adversas y de los cuales reconoció omisiones, premura y deficiencias en la forma de procesar los hechos.
En este caso reiteró que en las 22 personas fallecidas “había claros indicios” de que pertenecían a una organización delictiva, con ello en un balance reconocen lo referido por la CNDH en materia de violación de los derechos humanos de las tres mujeres testigos dos de ellas por el delito de tortura al aceptar la recomendación en tiempo.
“Los cursos que la propia comisión nos decía que teníamos que llevar a cabo ya fueron impartidos por el Instituto de Ciencias Penales y la Comisión estatal de los Derechos humanos capacitando 675 funcionarios”.
Referente al cuidado a la mujer destacó del gobierno del estado definió los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes para el plan estratégico de la implementación de la alerta de género en los 11 municipios dónde se ha decretado
Fortaleciendo con ello las unidades vinculadas a la violencia de género con ministerios públicos especializados en materia de violencia familiar y de género, feminicidios y la organización de búsqueda de personas desaparecidas.
“En el estado de México tenemos feminicidios pero se está actuando en ello a partir de la Alerta de Género”.
El 23 de septiembre fue publicado en la Gaceta de gobierno el protocolo de investigación en la atención de Feminicidios donde se ha publicado que toda muerte violenta sea investigada con perspectiva de género desde las primeras diligencias.
