Hasta el 20 por ciento de las más de 40 mil Organizaciones de la Sociedad Civil estarían en riesgo de desaparecer y dejar de atender a grupos vulnerables o prioritarios a nivel nacional, derivado de las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que limita sus posibilidades de obtener recursos para su funcionamiento de actividades como la venta de productos, eventos de recaudación y en general actividades no relacionadas a su objeto de acción.
Representantes de organizaciones sociales de todo el país calificaron esta decisión como una propuesta de sobre regulación del sector que dejará desprotegidas a miles de familias que reciben atención en educación, acceso a tecnologías, participación ciudadana y en general modelos filantrópicos de mejora de la calidad de vida de la población.
La iniciativa, explicaron, tiene un objeto recaudatorio, pues el temas de transparencia ya están regulados con la ley contra lavado de dinero y evasión fiscal, por lo que la Iniciativa es abusiva.
Sandrine Molina, representante de Unidos, indicó que esto se suma al golpe que ya se dio en 2019 a las organizaciones con la supresión de fondos públicos para su funcionamiento.
«Al tener que pagar nuevos impuestos, muchas de las organizaciones de la sociedad civil tendrán que redireccionar una importante parte de sus recursos que actualmente se destinan directamente al bienestar de la comunidad para pagar al SAT. Todos estos recursos se traducirían en asistencia no realizada a comunidades vulnerables, a causas sociales descuidadas o abandonadas, menos investigación, menos cultura, menos defensa de los derechos humanos, menos vigilancia ciudadana a los gobiernos y menor posibilidad de una verdadera rendición de cuentas por nuestras autoridades».
Las organizaciones hicieron un llamado al Senado de la República que hará su votación la siguiente semana se tomen medidas que no limiten la operación de la sociedad civil organizada.
