Ante la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de exhibir a los jueces que se encuentran coludidos con el crimen organizado o que tengan historial de corrupción, Sergio Medina Peñaloza, presiente magistrado del Poder Judicial del Estado de México se manifestó tranquilo pues asegura que sus jueces están preparados.
“Yo estoy seguro que tenemos excelentes resultados porque los jueces aquí son muy preparados, muestra de ello es el encuentro a nivel nacional que ha convocado a muchos participantes no sólo del país sino también de manera internacional” dijo.
A la fecha, según informó, no han detectado casos de corrupción en jueces y considera que se debe a las acciones que han implementado para que se evite, como la vigilancia constante sobre las actuaciones, que la Contraloría tiene instrucciones de darle seguimiento a las quejas de los ciudadanos, las constantes revisiones de parte del Consejo de la Judicatura, los lineamientos están en la preservación y la constatación de material probatorio es muy escrupulosa.
Medina Peñaloza informó que sí se ha cesado a un juez mexiquense, pero fue por un incidente donde golpeó personas afuera de una audiencia, acción que no fue tolerada en el Poder Judicial estatal.
“El juez tiene querer una persona íntegra, altamente profesional y además escrupuloso con su trabajo”.
En entrevista defendió que los Poderes Judiciales son los más transparentes pues argumentó que cada audiencia es pública y su trabajo está acotado por las leyes.
Estas declaraciones las dio luego de inaugurar los trabajados del Encuentro Nacional de Jueces en Ejecución Penal a realizarse este jueves y viernes en las instalaciones de la Escuela Judicial en Toluca.
Entre los temas a atender están los retos y desafíos en la aplicación de la ley nacional de ejecución penal, sistema penal y reinserción social, derechos humanos y administración de justicia en etapa de ejecución, las trampas de la adicción y la aplicación de tratados internacionales.
Es de recordar que en el país hay por lo menos 310 centros penitenciarios que albergan a 182 mil personas privadas de su libertad.