A partir de este martes 15 de octubre, los mexiquenses pagaremos más por el mismo transporte público que desde hace años arrastra quejas por inseguridad, mal servicio y falta de regulación. El Gobierno del Estado de México autorizó el 10 de octubre por la noche un incremento de dos pesos a la tarifa mínima, que pasa de 12 a 14 pesos para los recorridos de 0 a 5 kilómetros, según lo publicado en la Gaceta del Gobierno la noche del viernes, casi a escondidas y a solo tres días de su aplicación.
El alza se justifica —otra vez— en el aumento de combustibles, refacciones y costos de operación. A cambio, los transportistas “se comprometen” a mejorar sus unidades, instalar cámaras, botones de pánico y GPS.
En la Gaceta del Gobierno, la Secretaría de Movilidad señala que habrá una “reestructura integral del transporte público, mejorando el servicio, mantener limpias las unidades, priorizar el pago de los servicios de mantenimiento, seguros, equipos de videovigilancia, capacitación a personas operadoras, la renovación de unidades, la cromática de las unidades, así como cumplir con la revisión físico-mecánica de las mismas, con la periodicidad que determine la autoridad, todo esto en términos de las normas técnicas aplicables, buscando brindar una movilidad segura, digna y eficiente a las personas usuarias, contribuyendo a la modernización y la viabilidad del servicio público de transporte para las personas mexiquenses, garantizando condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sostenibilidad”.
La misma promesa que se escuchó en 2020, cuando se autorizó el último aumento… y que nunca llegó a las calles.
El Edomex tiene uno de los sistemas de transporte más grandes, caros e ineficientes del país: más de 100 mil unidades operadas por unas 600 rutas, muchas de ellas en la informalidad o bajo concesiones laxas. Pese al tamaño del sistema, no existe un verdadero control sobre tarifas, condiciones mecánicas o capacitación de choferes.
El impacto no será menor: siete de cada diez viajes urbanos en el estado se hacen en transporte colectivo, según el INEGI. Para un trabajador que toma dos o tres unidades por trayecto, el aumento representa hasta 20% más de gasto diario. En un contexto de salarios estancados e inflación acumulada, el ajuste golpea directamente a quienes menos pueden absorberlo.
