El diputado Ernesto Nemer Álvarez propuso obligar a los prestadores servicios de educación básica, media superior y superior de escuelas particulares a no incrementar colegiaturas durante el ciclo escolar, ni establecer cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie, para apoyar a los padres de más de cinco millones de alumnos que están cursando estos periodos escolares.
Ernesto Nemer Álvarez propuso obligar a los prestadores servicios de educación básica, media superior y superior de escuelas particulares a no incrementar colegiaturas durante el ciclo escolar (Foto: Especial) (Foto: Especial)
De la misma manera, expuso que “tampoco exijan la adquisición de útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos o servicios con determinados proveedores y mucho menos, condicionen la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna”.
Asimismo, Nemer Álvarez señaló que, para proteger de abusos e injusticias a los padres de familia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debe tener facultades legales para impedir estas prácticas y obligar que los propietarios de los centros educativos informen, por escrito, el costo total de los servicios, previo a la inscripción en cada ciclo escolar y el compromiso de no incrementar colegiaturas.
Cabe señalar que la propuesta del diputado por el Estado de México es modificar los artículos 19, 24 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionar el artículo 65 quater, con lo que se dará sustento legal a la Profeco, para crear una Norma Oficial Mexicana.
De igual forma, el secretario de la Comisión de Desarrollo Social estableció que, en los antecedentes por la defensa de los derechos de los padres de familia, con hijos estudiando en escuelas privadas, se encuentra un acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de marzo de 1992, mismo que estableció las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que proporcionan los particulares.
Cabe recordar que la pasada administración firmó un convenio entre la SEP y la Profeco para evitar abusos en contra de la economía de los padres de familia y con ello coadyuvar en la transformación educativa.