Aprobar acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio, las cuales pueden ser llamados de atención o multas para los sujetos obligados, cuando no cumplen ni responden las solicitudes de información, deriva del incumplimiento parcial o total a las resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), organismo que no quiere ser sancionador, pero que debe hacer cumplir la ley, enfatizó José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del instituto.
Durante la 23ª Sesión Ordinaria del Pleno de este organismo autónomo, indicó que las y los comisionados saben que los sujetos obligados, además del cumplimiento a su labor deben acatar sus deberes en materia de transparencia y si bien es comprensible la falta de recursos humanos y materiales, entre otras necesidades, también es cierto que el Infoem tiene la obligación de hacer valer la ley, es decir, el derecho que ampara a las y los solicitantes; por lo que adelantó que se trabaja en propuestas de modificación a la legislación en la materia; pues deben realizarse los ajustes necesarios para sancionar a quienes no quieren entregar o que ordenan ocultar la información.
Sobre este tema, la Comisionada Guadalupe Ramírez Peña explicó que las medidas de apremio, usualmente llegan primero a titulares de unidades de transparencia (TUT) porque son el primer filtro, al ser responsables de responder a las solicitudes. Lo que se les ha comentado, dijo, es que para poder justificar que no son ellos quienes incumplen, debe documentar la petición reiterada de la información, a fin de desvincularse de responsabilidad, pues pueden ser los servidores públicos habilitados o directores de área quienes no entregan la información y es necesario que la multa llegue a quien verdaderamente está negando la entrega.
Al respecto, en esta sesión, el Pleno aprobó la imposición de 55 medidas de apremio, de las cuales 50 fueron apercibimientos a diversos servidores públicos de distintos sujetos obligados; y cinco amonestaciones públicas, dirigidas a TUT.
Por otra parte, la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto particular al no estar de acuerdo con la clasificación del nombre, cargo y área de adscripción del servidor público absuelto en los procedimientos administrativos concluidos, derivados de faltas graves; ya que su publicidad refleja que no existió dicha falta administrativa y que ha ejercido su cargo, acorde a los principios que dicta el servicio público. Por otra parte, emitió otro voto particular por la clasificación de la firma del servidor público en documentos que acreditan nivel de estudios. Agregó que la firma debe ser pública para acreditar su identidad, preparación académica e idoneidad para el puesto que ocupa.
En su participación, la Comisionada Sharon Morales Martínez emitió un voto particular concurrente a un proyecto de resolución diverso, tras señalar que la fotografía de servidores públicos de mando medio y superior debe ser considerada como dato personal susceptible de clasificarse como confidencial; ya que no se acreditó el interés público que justifique su divulgación. En otro asunto, emitió otro voto particular concurrente, pues expresó la necesidad de reservar el número de placas de vehículos oficiales, pues de revelarse, se pone en riesgo la seguridad de quienes viajan en ellos.
Así mismo, como parte del último punto de esta sesión, se realizó la segunda entrega de equipos de cómputo a ayuntamientos con población menor a 70 mil habitantes, los cuales que fueron recibidos por Wilfrido Pérez Segura, Presidente Municipal de Ocuilan, así como los TUT de Temamatla; Joquicingo; Malinalco; Atizapán; Apaxco; Capulhuac; Chapa de Mota; y Chapultepec.
Además de los Ayuntamientos de Cocotitlán; Hueypoxtla; Jilotzingo; Jocotitlán; Juchitepec; Otumba; Otzoloapan; San Martín de las Pirámides; Soyaniquilpan de Juárez; Teoloyucan; Tequixquiac; Texcaltitlán; Texcalyacac; Tezoyuca; y Zacualpan.
