A partir de la próxima administración municipal de Toluca, los edificios públicos municipales, estatales y federales, incluyendo iglesias y la UAEM podrían comenzar a pagar por el suministro de agua potable al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca generando ingresos de hasta 170 millones de pesos anuales.
Con el argumento de que existe jurisprudencia para solicitar el pago del impuesto de agua, el titular del organismo de agua, José Maya Ambrosio, informó que se han reunido con la rectoría de la UAEM, con la Secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del estado, el DIFEM, instituciones del gobierno federal, y al propio ayuntamiento de Toluca para saldar sus deudas, que ascienden a un total de 600 o 700 millones de pesos en los últimos 5 años.
“Ya hay jurisprudencia, ya se juzgaron dos, tres, cuatro, cinco casos y estableció la Suprema Corte que si tienen que pagar. Nos hemos presentado con los principales que son de administración, de finanzas, de las instituciones correspondientes”.
Detalló que las escuelas primarias del municipio son los principales edificios que adeudan al Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, pues de los 800 edificios, aproximadamente, 600 deben realizar el pago correspondiente pues el resto se encuentra en zonas con comités independientes.
Para el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Maya Ambrosio señaló que son alrededor de 200 millones de pesos lo que se adeuda, sin embargo, al no tener un presupuesto asignado a este rubro podría solicitar apoyo al gobierno de la entidad para saldar paulatinamente la deuda.
Si bien esta administración inició con el proceso de solicitar el pago de agua a los edificios públicos, entre los que también se contemplan institutos de cultura, iglesias, e inmuebles utilizados por los sindicatos, será responsabilidad de la siguiente administración municipal continuar con esta solicitud.
Cabe mencionar que en el caso particular de las iglesias, se deben determinar si pertenecen a algún instituto del gobierno federal o son propiedad de la entidad para definir el pago.
