La desaparición de personas es uno de los hechos más reprochables que vulneran los derechos humanos, que destruyen personas y familias y carcomen los principios y la actuación legítima de las instituciones públicas que la perpetran; por tanto, es fundamental la coordinación y sensibilización de autoridades para afrontarlo, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Myrna Araceli García Morón.
En la jornada “El delito de desaparición en el Estado de México. Causas y Efectos”, convocada por el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, la presidenta de la Codhem expresó que las desapariciones de personas ensombrecen la garantía y el respeto irrestricto de los derechos humanos en América Latina y México, donde se cuentan por cientos de miles y abren una brecha de dolor e incertidumbre.
La presidenta de la Codhem expresó que la desaparición de personas es un crimen de lesa humanidad y un delito permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima; en México, suman casi 100 mil víctimas de acuerdo a cifras oficiales y suelen adjudicarse al crimen organizado, por lo que se puede abonar a la tarea de su determinación como desaparición forzada o cometida por particulares.
Ante el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro; el secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis-Wogau; la consejera de la Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez, magistrados, jueces, especialistas, de Valentina Peralta, Nancy Rosete, Carmen Zamora y Verónica Rosas, madres de personas desaparecidas, dijo que los contextos de los últimos años muestran la transversalidad del tema de la desaparición en México y es de particular relevancia la perspectiva de migrantes desaparecidos, así como la dimensión de la desaparición de mujeres y niñas.
García Morón detalló que las desapariciones afectan en mayor medida a hombres entre 15 y 40 años, con un incremento notable de niñas y niños a partir de los 12 años, de adolescentes y mujeres entre 14 y 25 años, esta tendencia se agudizó en la pandemia por COVID-19 y los casos se vincularon con la sustracción de niñas y niños dentro o fuera del ámbito familiar, para ocultar la violencia sexual y el feminicidio, el reclutamiento y las represalias; y también se reportaron desapariciones con el objetivo de trata y explotación sexual.
García Morón enfatizó que las personas desaparecidas no son del pasado, son el presente de todas y todos aquellos que día a día se levantan con la esperanza de encontrar a sus familiares, como las mujeres que se quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios las búsquedas de sus seres queridos, sufren graves efectos sociales y económicos y en muchos casos, son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.
Al referir el informe que presentó el Comité de Desapariciones de la ONU en el que detectó que no existe coordinación entre autoridades, fiscalías e integrantes de las familias de personas desaparecidas, la presidenta de la Codhem puntualizó que se deben mejorar los procedimientos internos de las fiscalías para encaminar los esfuerzos a investigaciones con la debida diligencia y respeto; integrar criterios jurídicos nacionales e internacionales que cierren paso a la impunidad y, sobre todo, incorporar mecanismos de sensibilización, de coordinación, profesionalización, costeo y presupuesto, de rendición de cuentas y que cada servidor público que interviene lo haga con el convencimiento de encontrarlas, hasta que esto ya no suceda.
