Apple y el gobierno de Estados Unidos protagonizaron esta semana un nuevo pulso en el debate sobre el acceso de la policía a los teléfonos encriptados y la cuestión de la privacidad en la era digital, esto de acuerdo al portal de ciencia y tecnología, Agencia ID.
La polémica no es nueva, pero un atentado ocurrido el mes pasado en la base aérea de Pensacola, Florida, lo ha puesto de nuevo sobre la mesa.
El pasado 6 de diciembre el oficial de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita, Mohammed Alshamrani, que estaba entrenando en la base de Pensacola, mató a tres marines antes de ser abatido a tiros.
El incidente fue calificado como un “acto de terrorismo” por las autoridades estadounidenses.
Un usuario de Twitter que parecía coincidir con la identidad de Alshamrani también había hecho una serie de publicaciones antiestadounidenses antes del tiroteo, según un grupo de monitoreo en internet.
Las autoridades estadounidenses le pidieron a Apple ayuda para desbloquear dos iPhones relacionados con el tiroteo, algo a lo que la compañía -como ya hizo en el pasado- se ha negado.
El cifrado de los teléfonos es una forma clave de proteger la privacidad de las comunicaciones digitales, pero también puede dificultar las investigaciones judiciales.
El fiscal general, Bill Barr, dijo esta semana que Apple no brindó la “asistencia sustancial” en el caso de Pensacola.
Más tarde, el presidente Donald Trump arremetió contra la compañía tecnológica.
“Nosotros ayudamos a Apple todo el tiempo en comercio y en muchos otros asuntos, pero aún así se niegan a desbloquear los celulares usados por asesinos, traficantes de drogas y otros elementos criminales violentos”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
“Tendrán que dar un paso al frente y ayudar a nuestro gran país, ¡ahora!”, agregó
Desde septiembre de 2014, todos los datos de dispositivos de Apple, como mensajes de texto y fotografías, están automáticamente encriptados.
Eso quiere decir que es necesario un código de cuatro cifras para acceder a los datos. Si se introduce un código equivocado 10 veces, el sistema borrará todos los datos.
Tanto Apple como sus rivales argumentan que una fuerte encriptación protege a los usuarios, mientras que las autoridades dicen que eso le permite evadir la justicia a los criminales.
Apple impugnó la afirmación de Barr, rechazando que la compañía no brindó asistencia sustancial en la investigación de Pensacola.
“Nuestras respuestas a sus muchas solicitudes desde el ataque han sido oportunas, exhaustivas y están en curso”, dijo en un comunicado.
Apple ha dicho que ha ayudado a los investigadores del caso al proporcionar otros datos, pero argumentó en contra de la idea de “backdoors” (o puertas traseras) para que la policía acceda a sus teléfonos inteligentes encriptados.
Las puertas traseras pueden construirse a través de software o hardware.
Consisten en secuencias especiales dentro de un código de programación capaces de burlar los sistemas de seguridad del algoritmo con el que se accede a un sistema.
El último enfrentamiento es similar a la disputa entre Apple y el Departamento de Justicia de Estados Unidos después del tiroteo masivo de diciembre de 2015 en San Bernardino, California.
En esa ocasión, Apple rechazó una solicitud para desarrollar un software capaz de entrar en el iPhone del tirador.
Esa pelea terminó en 2016 cuando el gobierno pagó un millón de dólares, según los reportes- a una compañía externa por una herramienta que le ayudó a esquivar el cifrado de ese teléfono.
El año pasado, Barr también le pidió a Facebook que permitiera a las autoridades sortear el cifrado para combatir el extremismo, la pornografía infantil y otros delitos.
La red social dijo que seguiría avanzando en un fuerte cifrado para sus aplicaciones de mensajería.
Los activistas de derechos digitales argumentan que cualquier acceso privilegiado a las autoridades debilitaría la seguridad y facilitaría que los hackers y gobiernos autoritarios puedan interceptar mensajes.
“Las puertas traseras también pueden ser explotadas por quienes amenazan nuestra seguridad nacional y la seguridad de los datos de nuestros clientes”.
Apple y otros sostienen que las “migajas” digitales hacen que sea cada vez más fácil rastrear a las personas, incluso sin entrar en dispositivos personales.
La última demanda del gobierno “es peligrosa e inconstitucional, y debilitaría la seguridad de millones de iPhones”, dijo Jennifer Granick, de la American Civil Liberties Union, en un comunicado.
“Un cifrado fuerte permite a las minorías religiosas en riesgo, como los uigures en China, y a los periodistas que investigan poderosos carteles de la droga en México, comunicarse de manera segura”.
Granick sostiene que Apple no puede permitir que el FBI acceda a las comunicaciones encriptadas “sin proporcionárselo también a gobiernos extranjeros autoritarios y debilitar nuestras defensas contra delincuentes y hackers”.
Kurt Opsahl, de la Electronic Frontier Foundation, se hizo eco de ese sentimiento y dijo que Apple “tiene razón en proporcionar una encriptación sólida” para sus dispositivos.
Sin embargo, James Lewis, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington, cree que es posible permitir el acceso a la policía sin sacrificar el cifrado.
Pero Lewis dijo que no espera que ninguna de las partes salga ganadora en la batalla, y que los funcionarios estadounidenses probablemente encontrarán otra parte externa para descifrar los dos iPhones que pertenecían al atacante de Pensacola.
