La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) fue el marco para la presentación del libro “El juez de la víctima por su dignificación y reparación del daño”, de Gabriel Vicente Farfán Rivera, cuya propuesta es crear la figura del juez de las víctimas, para que puedan solicitar la reparación del daño o medidas precautorias sin tener que esperar a que se dicte una sentencia, es decir, para que tengan una justicia verdadera y más rápida.
La dedicatoria de su obra, dijo, es para “las víctimas olvidadas. ¡No queremos un feminicidio más! ¡No queremos otra Ingrid!; por ella les digo que seguiré intentándolo hasta que nos hagan caso”; destacó que las muertes de Ingrid, de la niña de siete años violada y lastimada y la de seis meses son conmovedoras, y llevan a reconocer que “vivimos en una sociedad de furia, porque se rompió lo que el ser humano tenía como valores.”
Ante la moderadora y directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Codhem, Gabriela Lara Torres, el visitador general de Toluca, Víctor Delgado Pérez, y el titular de la Unidad Jurídica y Consultiva del organismo defensor, Erick Mañón Segundo, coincidieron en que la obra de Gabriel Vicente Farfán es una propuesta novedosa y prepondera una postura a favor de las víctimas, ya que son quienes resienten el daño causado pero suelen ser olvidadas.
Delgado Pérez detalló que la Codhem apoya y verifica que no se afecten los derechos humanos de las personas, pero que esto sucede incluso desde que se les hace esperar mucho tiempo antes de ser atendidas; por ello consideró relevante la aportación del autor, quien analiza y reprocha que actualmente en todo proceso penal las víctimas solo son coadyuvantes de la representación social, porque no tienen facultad para acudir directamente ante un juez, sino a través del Ministerio Público.
El autor abundó que las víctimas han sido olvidadas por las instituciones y requieren una justicia verdadera “que las dignifique ante los tribunales ya que acuden a éstos con temor a ser desvaloradas”, por tanto, se considera que su propuesta podría derivar en una iniciativa de ley para crear dicha figura.
Resaltó que es momento de resarcir el daño causado por largo tiempo a las víctimas; que el Estado debe dejar de ser pasivo y convertirse en fiel defensor y en verdadero protector de los gobernados, para devolver la tranquilidad que les fue robada por tanta inseguridad y, sobre todo, evitar que busquen justicia por su propia mano y no cambien su estatus jurídico a victimarios.
Explicó que su libro, dividido en siete capítulos, se basa en tres ejes esenciales: crear una Caja resarcitoria para la indemnización y apoyo a las víctimas de delitos, la cual se alimentaría de los intereses económicos generados por los procesos penales, fianzas y confiscaciones materiales, entre otros elementos; por aportación del trabajo carcelario así como del gobierno federal y de la iniciativa privada.
También propone crear la Casa de la Víctima, para utilizarla como refugio por el tiempo que sea necesario en caso de violencia de género, acoso laboral y bullying; para ello se ocuparán inmuebles confiscados por las autoridades, ubicados en el país y el extranjero. Dicha casa contaría con las áreas de psicología, jurídica y social (para brindarles terapia ocupacional), así como un médico legista.
