Los gobiernos federal y estatal se han alineado para el combate a la corrupción mediante códigos de ética que acaban de ser publicados y en los que se se establece el comportamiento que deben observar los funcionarios públicos en sus puestos de trabajo. Entre los ideales a seguir se hallan la legalidad, honradez, transparencia, lealtad e imparcialidad. Pero, ¿qué hace que no se cumpla con ello? De inicio, que el sistema político mexicano ha sido históricamente un campo fértil para redes de complicidad entre políticos, empresarios, delincuentes y otros actores. En seguida, que ha habido impunidad en la acción de la justicia y por ende, los mecanismos de la autoridad para supervisar y sancionar fueron ineficaces.
Y hay que decirlo: para los servidores públicos que participan en actos corruptos estar en gobierno es la oportunidad de compensarse económicamente, de enriquecimiento ilícito mediante sobornos, comisiones y contratos y hacerlo sin preocupación precisamente por la ausencia de consecuencias si bien en algunos casos se cede a presiones externas o internas de grupos de poder.
Tenemos entonces que la corrupción en México ha prevalecido normalizada o arraigada: lo hemos visto en particular con el uso de recursos destinados a programas sociales, la infraestructura y servicios públicos, la infiltración del crimen organizado en la Policía, el sistema judicial y los gobiernos, el debilitamiento del Estado de derecho. Está hasta en el medio ambiente mediante la explotación ilegal de áreas protegidas, la deforestación y la contaminación de ríos y suelos.
Los funcionarios se tienen que alinear sí o sí a los códigos de ética y dar cuenta de sus acciones ante la ciudadanía; demostrar compromiso con el interés público y reforzar la legitimidad de los gobiernos.
