Exalcaldes que dejaron ayuntamientos con adeudos podrían ser sancionados

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Victorino Barrios
contralor de la Legislatura mexiquense
(Foto: Elizabeth García)

Victorino Barrios Dávalos, contralor del poder legislativo del Estado de México, señaló que podrían ser sancionados alcaldes del periodo constitucional 2009-2012 por los endeudamientos que actualmente presentan más 100 municipios mexiquenses.

Explicó que la ley permite que las resoluciones alcancen a servidores públicos por hasta siete años después de haber culminado su cargo, en este caso para los alcaldes.

“Podría darse el caso de que la deuda no haya sido ni de este ni del anterior trienio, sino que haya sido de otros, entonces ahora la Ley de Responsabilidades (de los Servidores Públicos) puede o ya podemos los órganos de control imponer una sanción que no haya sido necesariamente del trienio”.

Desglosó que la sanción podría ir desde una amonestación hasta la suspensión del cargo o la inhabilitación para desempeñar alguna función como servidor público.

El contralor del poder legislativo dijo que “dependiendo de la gravedad de la falta se determinará si es una sanción administrativa, si es grave la pasaremos al Tribunal de Justicia Administrativa”.

Barrios Dávalos detalló que si bien la mayor carga es del entonces presidente municipal, los integrantes de los cabildos tienen alguna responsabilidad ya que fueron ellos los que tuvieron que haber aprobado cualquier deuda.

“Se les debe a muchos proveedores, los dejaron en los últimos días, los clásicos adefas: adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que son los mas graves porque podrían hacer tronar a las empresas pequeñas”, destacó.

Agregó que también podría verse involucrada alguna de las legislaturas anteriores pues los créditos contraídos por los municipios tuvieron que pasar por la aprobación del pleno, en su momento.

Comentó que están a la espera de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) les remita los expedientes de los municipios a los cuales se les debe iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por no haber cumplido con lo que establece la ley en materia de finanzas sanas.

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