La LX Legislatura exhortó a la Secretaría de Salud del Estado de México para que aplique las medidas necesarias y preventivas o en caso necesario pueda atender los casos de infección respiratoria asociados al virus COVID-19.
Mediante este punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, también se pide que se pueda capacitar al personal del sector salud público y privado de la entidad, para que puedan desempeñar sus funciones sin riesgo en su persona.
En un segundo exhorto propuesto por el Partido del Trabajo, los legisladores locales piden a esta misma Secretaría que encabeza Gabriel O´shea Cuevas, implemente campañas de información que permitan sensibilizar a los mexiquenses sobre el proceso de infección del COVID-19.
“Con el objetivo de evitar crear pánico y disminuir el riesgo de transmisión del virus, a través de la difusión oportuna de las medidas preventivas y control en el Estado”, dijo la diputada petista, Crista Amanda Spohn Gotzel.
Durante la sesión plenaria de la Cámara de Diputados mexiquense, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una vez más, su iniciativa de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Dijo que que más de una cuarta parte de los abortos que se hacen en la Ciudad de México, dónde ya está avalado este tema, provienen del Estado de México, por lo que considera que es un problema de salud.
«Desde el 2007 que en la Ciudad de México se autorizó la figura del procedimiento, ha habido más de 216 mil dónde se lleva acabo el procedimiento y el Estado de México son más 56 mil 500 las que llevan a cabo el procedimiento, es decir, más del 25 por ciento son del Estado de México», destacó el perredista.
Por ello, advierte que las autoridades mexiquenses deben proporcionar este servicio de forma gratuita, segura y legal.
Por otra parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Anuar Azar Figueroa, presentó una propuesta para crear el Centro de Atención Integral a la Mujer Universitaria.
El objetivo es que haya una instancia especializada que se encargará del diseño de las políticas que darán cumplimiento a las gestiones de la vida femenil universitaria, esto de una forma transversal con los Órganos de Gobierno de la Universidad.
