Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, fueron hasta el Continente africano para exigir la liberación de sus principales dirigentes, a quienes responsabilizaron las autoridades federales y del estado de México de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Una comisión del movimiento campesino que echó por la borda el proyecto de construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México en la región de Texcoco en el 2001, participó décimo primer foro internacional de AWID sobre los Derechos de la Mujeres y el Desarrollo: “El Poder de los Movimientos”, celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Durante el evento, al que acudieron más de 2 mil defensoras de los derechos de las mujeres de diversos países y que se celebró del 14 al 17 de noviembre, se emitió un pronunciamiento en el que se exige al gobierno mexicano la libertad de los 13 integrantes del FPDT presos en los penales del Altiplano y Molino de Flores, incluidos los tres dirigentes Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa.
En el comunicado se exige además el cese de la “persecución política” de la que es objeto, América del Valle Ramírez (hija del dirigente preso, Ignacio del Valle), Bernardino Cruz Cardona y Jesús Adán Espinoza Rojas; quiénes desde el 3 y 4 de mayo del 2006, cuando los habitantes de Atenco se enfrentaron contras las fuerzas federales y estatales se encuentran en el exilio.
La dirigente del FPDT, María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle y Ana María Robles Yáñez, fueron las dos mujeres del movimiento atenquense, que viajaron a Sudáfrica para participar en el foro, invitados por la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, integrante del comité internacional de la AWID, Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo.
El pronunciamiento firmado por las organizaciones del mundo participantes en el foro, condena la sentencia que se impuso de 112 años de cárcel al dirigente Ignacio del Valle “por cometer el único delito de defender y luchar por su tierra y derechos más elementales”. La carta con las firmas será entregada a las autoridades mexicanas, informó Trinidad Ramírez.