La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) Myrna Araceli García Morón, participó en la reunión con la coordinadora del Programa Familia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Renata Kaczmarska, en la que expuso las acciones realizadas de manera interinstitucional sobre la crianza positiva en prisión.
En el marco del 30 Aniversario del Año Internacional de la Familia se llevó a cabo la actividad convocada por el Instituto de Análisis de Política Familiar de Naciones Unidas, en la que García Morón detalló la coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Poder Judicial de la entidad, para mejorar y dignificar los centros penitenciarios, donde a la fecha, 19 niñas y niños menores de tres años de edad, viven con sus madres, como lo permite la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Explicó también que a través de la Cátedra de Investigación con referentes en prisión, Infancia es Destino, realizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX) y el Poder Judicial mexiquense, se estableció una ruta de investigación para conocer, visibilizar y proponer acciones para mejorar las condiciones de crianza de niñas y niños que conviven con sus madres en prisión; el objetivo de la CODHEM es retomar las recomendaciones y propuestas para convertirlas en una línea de acción de política pública para implementarla en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS).
La entidad mexiquense tiene una población penitenciaria de 2,282 mujeres, las cuales tienen derecho de crianza en prisión, por tanto, junto con la Secretaría de Seguridad estatal se impulsaron acciones para transformar y mejorar de manera significativa las condiciones de estancia para las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad, con la instalación de cuneros y cambiadores, revitalizar sanitarios y construir espacios adecuados para la sana convivencia entre madres e hijos.
De esta manera, la CODHEM continúa con su vocación transformadora, redoblando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, al fomentar en las instituciones la cultura de respeto a derechos humanos, no solo de quienes gozan de libertad plena, sino también de las personas que por alguna causa están privadas de libertad, en especial, las mujeres, por ser el grupo con mayor vulnerabilidad.
