Los bloqueos de carreteras y marchas anunciados para hoy en varios tramos de la república mexicana por grupos de transportistas tienen su razón de ser en las extorsiones o cobro de piso a cargo del crimen organizado.
Este último recurre a tácticas de intimidación, amenazas y violencia para obligar a transportistas, como sucede con los comerciantes, a pagar cuotas; se controlan áreas estratégicas y establecen relaciones corruptas con autoridades a fin de mantener el poder y evitar represalias. Hay casos de transportistas que tienen que pagar hasta 25 mil pesos semanales para no ser agredidos, incluyendo el secuestro.
Esta situación impacta negativamente el bienestar de los transportistas, pues viven un ambiente de miedo y vulnerabilidad y desde luego les representa pérdidas económicas significativas.
El gobierno mexicano ha implementado varias medidas para clasificar este delito parte de la delincuencia organizada y se han creado unidades especializadas en antiextorsión que abordan el problema pero la extorsión sigue. La idea de los transportistas es visibilizar esta realidad y generar presión sobre las autoridades. Ellos ejercen su derecho a la protesta aunque también está el derecho al libre tránsito al de vehículos y personas. Quien tiene que prevenir los bloqueos y marchas y actuar ante las demandas, que son de su total conocimiento, es la autoridad y para eso está el diálogo, negociación y con protocolos rápidos de acción pero está claro que no lo hacen.
