La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 5 mil 344 personas, del 1 de enero al 31 de octubre del año 2023, es decir 678 detenidos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron contabilizaron 4 mil 666 detenciones por mandamiento judicial, lo que representa un aumento del 14.54 por ciento.
El comportamiento mensual dentro de la estrategia implementada por esta Fiscalía para el cumplimiento de órdenes de aprehensión se integra con 341 detenciones de individuos en enero, 544 en febrero, 574 en marzo, 534 en abril, 576 en mayo, 564 en junio, 475 en julio, 544 en agosto, 552 en septiembre y 640 en octubre; este último mes destaca por registrar el punto más alto en el número de aprehensiones desde el año 2017.
Los resultados positivos se han obtenido gracias al trabajo conjunto que realiza esta Institución con autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya que se ha fortalecido el trabajo en coordinación con instituciones del gobierno federal como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) y Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), Guardia Nacional (GN), así como Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales y autoridades del resto de las entidades federativas.
Del total de las 5 mil 344 órdenes de aprehensión cumplimentadas durante estos diez meses que han transcurrido del 2023, 3 mil 794 fueron por delitos considerados de alto impacto, tales como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, violación y robo con violencia. Esta última cifra representa un incremento del 6.15 por ciento respecto al año pasado cuando sumaron 3 mil 574 dentro del mismo periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre.
Al igual que en el comportamiento mensual del total de delitos en general, octubre fue el mes con el mayor número de personas aprehendidas desde el año 2017 con un total de 446 por delitos de alto impacto, el desglose del presente año se integra con 265 personas detenidas en enero, en febrero 390, en marzo 406, abril 392, mayo 400, junio 399, julio 322, agosto 372 y septiembre 402.
Algunos de los delitos que, durante el 2023 han registrado aumentos relevantes de detenciones con mandamiento judicial en este año son el homicidio doloso con 765 personas capturadas, feminicidio 98, robo de vehículo con violencia 784, extorsión 173 y robo con violencia 2 mil 033.
Dentro de la estrategia para el cumplimento de órdenes de aprehensión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuenta con una estructura operativa dividida en cuatro Coordinaciones Regionales, con sedes en Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, además de que, de marzo de 2022 a la fecha se ha sido incrementado en un 80.72 por ciento, el estado de fuerza de las Policías de Investigación que integran estas áreas.
Asimismo, para el mejor desempeño de sus labores, se le ha dotado al personal operativo mejor armamento, uniformes tácticos y equipamiento tecnológico, así como vehículos blindados, motocicletas, unidades automotoras de bajo perfil y de alto desempeño.
Otra acción dentro de esta estrategia fue el análisis de la base histórica de mandamientos judiciales desde 1971 al 2022, lo que permitió identificar 50 mil 240 mandamientos pendientes de cumplimentar, de los cuales, 28 mil 447 fueron determinados como susceptibles de cancelación, por haber sido otorgados por ilícitos que ya prescribieron o por actos que ya no están tipificados como delitos en el Código Penal del Estado de México.
A partir de este análisis, personal de esta Fiscalía sostuvo reuniones de trabajo con operadores del Poder Judicial de los Sistemas Tradicional y Acusatorio, para llevar a cabo de manera conjunta el Programa de Cancelación de Órdenes de Aprehensión, con la finalidad de depurar los registros, con lo cual se logró abatir en 56.62 por ciento el rezago histórico de las órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar.
Además, dentro del análisis realizado, se observó que los mandamientos judiciales cancelados eran presuntamente utilizados por servidores públicos de esta Institución para llevar a cabo malas prácticas, lo que también impulsó acciones para fortalecer el combate a la corrupción.
