Todas las administraciones tienen el compromiso de fortalecer a sus propias unidades de transparencia, con titulares capacitados y certificados en el tema, como lo estipula la Ley de Transparencia estatal, pero también con recursos humanos, económicos y el acompañamiento de cada una de las áreas administrativas; sobre todo, de las autoridades que encabezan las instituciones, pues sólo así se podrá tener mayor éxito el tema de la transparencia, argumentó Guadalupe Ramírez Peña.
Al impartir la capacitación dirigida a contralores municipales, en el municipio de Tianguistenco, en el marco de la 1ª Reunión de Trabajo Ordinaria Región VII Toluca, de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios; la Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), agregó que además de formar parte del servicio público, quienes laboran en las instituciones son también responsables, como ciudadanas y ciudadanos, de exigir a las autoridades transparencia en el manejo de recursos públicos.
Ante ello, dijo, es necesario que la transparencia sea vista como un valor que se vive diariamente como parte del servicio público y no como una carga; pues a través de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, así como de la carga de la información que les corresponde publicar en los portales de transparencia de cada institución, es como la población puede allegarse de manera directa de documentos que les permitan conocer el actuar de sus autoridades e incrementar con ello los niveles de confianza entre ciudadanía y gobierno.
La Comisionada Ramírez Peña indicó que para lograr el cabal cumplimiento de sus obligaciones en la materia, las administraciones requieren no sólo de instalaciones dignas o de personal capacitado, sino de contar con la voluntad para responder los cuestionamientos de una sociedad que exige rendición de cuentas. En este sentido, señaló que las y los directores, titulares de áreas, mandos medios y superiores de cada nivel de gobierno, son quienes deben estar completamente sensibilizados y convencidos de que la transparencia es una cultura que debe regir en todas las administraciones públicas.
Por esta razón, la Comisionada instó a las y los contralores de los diversos sujetos obligados, a incentivar esta cultura de la transparencia en sus lugares de trabajo; no sólo para evitar sanciones, multas o extrañamientos públicos, sino para brindar la información que la ciudadanía tiene derecho a conocer.
Por otra parte, al exponer también los conceptos derivados del derecho a la protección de datos personales, mencionó la importancia de que cada institución genere sus avisos de privacidad, de acuerdo a los datos que cada área administrativa maneja. Además, les instó a conocer el proceso para detectar cuándo es información pública y cuándo es información que, por su naturaleza, debe clasificarse como reservada o confidencial, acreditando las razones, fundadas, motivadas y explicadas a través del documento denominado “prueba de daño”.
