Fracasan políticas públicas para proteger a niñas y mujeres: Morena

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Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena señalaron en reunión de comisiones que las polícias públicas para proteger a niñas y mujeres de la violencia han fracasado en el estado de México por ello se pronunciaron a favor de elevar a rango constitucional, como derecho a humano, que las mujeres mexiquenses vivan una vida libre de violencia.

Respaldan que se eleve a rango constitucional derecho de mujeres a una vida libre de violencia (Foto: Especial).

Durante la sesión de trabajo de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género, Beatriz García, Carmen de la Rosa, Anais Burgos, Alicia Mercado y Faustino de la Cruz, no sólo se sumaron a la propuesta planteada por Paola Jiménez que busca reformar el Artículo V de la Constitución del Estado de México, para que no sólo establezca obligaciones al gobierno central, sino también a todas las instituciones públicas como los gobiernos municipales, y propusieron que se sume a todos los entes públicos.

Las y los diputados de Morena coincidieron en señalar que al establecer en la Constitución estatal, como derecho humano, una vida libre de violencia, se estaría obligando a todas las dependencias públicas estatales emprender acciones concretas y específicas para erradicar la violencia contra dicho sector de la población.

“Es importante armonizar las leyes para garantizar este derecho, observando en todo momento los principios fundamentales como es la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la libertad y el desarrollo integral de las mujeres”, expresó Carmen de la Rosa, diputada por el municipio de Nezahualcóyotl.

Apuntó que todo tipo de violencia contra la mujer es una grave violación a sus derechos humanos con consecuencia física, sexual, psicológica, entre otras, así como una repercusión negativa a su familia y comunidad en general donde todas y todos coexistimos.

En tanto Anaís Burgos, legisladora de la 4T que representa a Chalco, planteó que la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México acuda al Congreso para que aporte su conocimiento sobre las mujeres que están en dichos rangos de edad, pues ello permitirá enriquecer la propuesta y ampliará la visión de los legisladores que se han planteado actualizar el marco legal para erradicar la violencia contra las mujeres.

“Todos sabemos que hay un fracaso en el diseño de las políticas públicas para proteger a las niñas y a las mujeres”, dijo Anais Burgos al citar un estudio de World Visión México que demuestra como la violencia contra las mujeres ha ido al alza en la entidad mexiquense.

En su intervención Faustino de la Cruz, consideró que en tanto el gobernador Alfredo Del Mazo no lleve a la práctica una verdadera política pública encaminada a atacar frontalmente la violencia contra la mujer y siga empleando viejas prácticas con fines políticos como la tarjeta “Salario Rosa”, no se podrá avanzar de manera contundente en la erradicación de la violencia contra la mujer, y lamentó que la Fiscalía aún haya omisión en los procesos para combatirla.

Yndira Sandoval, consultora especializada en género consideró que se requieren políticas públicas integrales, con presupuestos bastos, que no coloquen en segundo lugar las vidas de unas sobre de otros, sino que justo con rango constitucional se garantice el derecho a la vida, pero una vida digna libre de violencia.

Beatriz García Villegas, diputada por Amecameca, propuso añadir unas líneas a la iniciativa original para que todos los entes del gobierno estatal, incluidos los municipales, estén obligados a realizar acciones puntuales que garanticen el respeto a los conceptos de dicho apartado del Artículo V de la Constitución estatal.

Al tomar la palabra Alicia Mercado, recordó que pese a las acciones y esfuerzos realizados por el Poder Legislativo y otras áreas gubernamentales para combatir la violencia que los “machos” ejercen contra las mujeres, ésta no ha sido borrada, por lo que el objetivo esperado, frenar y erradicar la violencia, no ha sido alcanzado.

Al concluir la sesión de trabajo las y los diputados de las referidas comisiones acordaron seguir analizando el tema para que a la brevedad sea planteado a la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de decisión en el Congreso local.

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