La Secretaría del Transporte del Estado de México, que encabeza Fernando Maldonado Hernández, no podrá aplicar el reordenamiento del transporte como pretende, luego de que varios Magistrados emitieron un resolutivo que ordena a los funcionarios estatales hacer los trámites de las asociaciones civiles sin obligarlos a convertirse en sociedades mercantiles.
La resolución definitiva, basada en el Juicio Administrativo, la dieron por unanimidad de votos los magistrados Maestra en Derecho María Teresa Hernández, licenciado José Andrés Márquez González y el Doctor Eduardo López Sosa, de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
Ellos resolvieron ratificar la sentencia en la que se le ordena al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario de Transporte, Fernando Maldonado Hernández y a otros servidores públicos, abstenerse de aplicar el artículo 16 Fracción I del Reglamento de Transporte Público y Servicios en contra de las rutas 42, 47, 48, 103, 104 y 105 constituidas como Asociaciones Civiles.
Dicho artículo, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 28 de mayo del 2003, indica que el servicio de transporte público en la modalidad de colectivo sólo podrían prestarlo las sociedades mercantiles, lo que desprotegía a concesionarios que se encontraban agrupados en asociaciones civiles al coartarles su derecho al trabajo.
Sin embargo, a pesar de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya notificó de esta resolución al gobierno de la entidad y a la propia Secretaría de Transporte del Estado de México desde el 28 de octubre del 2008, hasta la fecha les siguen negando a los transportistas diversos trámites.
Entre ellos lo concerniente a la prórroga y regularización de los títulos de concesión, el reemplacamiento, los refrendos de permisos, la actualización de tarifas y otros trámites que les permitan seguir prestando el servicio público de transporte en la modalidad de colectivo como personas físicas.
Ante estas irregularidades es muy probable que los transportistas recurran al recurso del amparo e inicien demandas penales en contra de los funcionarios que les nieguen sus trámites. El 11 de noviembre de 2003, ocho mil transportistas mexiquenses formaron un frente contra la iniciativa del gobierno de Arturo Montiel que, mediante un acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno, los obligaba a constituirse como sociedades mercantiles para poder renovarles sus derechos de concesión.
