La corrupción sigue siendo uno de los principales temas en los procesos de verificación que realiza la autoridad a unidades económicas en el Estado de México.
Hasta en el 50% de los casos, los propietarios o encargados de las unidades económicas ofrecen algún tipo de soborno o dádiva a los inspectores con el fin de que se les permita continuar con su operación aún cuando no estén regulares o bien no cumplan con las disposiciones de sanidad y protección civil.
Luis Miguel Sánchez, director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEA) aseguró que los casos más recurrentes que se presentan es en gaseras, ofreciendo entre 100 y 150 mil pesos para omitir violaciones a la norma, aunque en pequeños negocios esta situación también se da y las cantidades ofrecidas van de los cinco a los diez mil pesos.
Aseguro que se ha instruido a los verificadores para que cumplan con todos los protocolos, se identifiquen con un gafete que tiene un código QR y con la orden de verificación, esto con el fin de tener claridad en el procedimiento, pero además de qué los propietarios de los negocios tengan claro que las verificaciones son ordenadas por las instancias correspondientes como puede ser la Coordinación de Protección civil, la Comisión para Protección contra riesgos sanitarios, la dirección de vialidad o alguna otra involucradas.
Aseguró que si se notifica de casos donde el servidor público recibió alguna suerte de soborno, el caso es turnado a la Contraloría del Estado o a la Fiscalía de Justicia de acuerdo al tipo de falta cometida.
Para los negocios también hay sanciones y en el caso de qué los sellos de clausura sean violados por los propietarios, esta también constituye un delito que es notificado a la Fiscalía de Justicia Estatal.
