Con el argumento de que se va a “continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, así como para implementar nuevas medidas a fin de que los usuarios puedan tener un servicio seguro, cómodo y de calidad”, el gobierno estatal autorizó un aumento de 2 pesos a la tarifa del transporte público que se aplicará a partir del 1 de enero de 2020.
La determinación, tomada por la Secretaría de Movilidad en conjunto con los empresarios del transporte público concesionado de mediana capacidad, se publica este jueves en la Gaceta del Gobierno del estado de México.
El gobierno del estado informó que después de varios días de diálogo en el marco de la Comisión Revisora, “los concesionarios presentaron casi un centenar de estudios de costos, en los que solicitaron un ajuste de hasta 4.50 pesos, al tomar en cuenta un incremento en el precio de los insumos para la operación de las unidades entre 38 y 45 por ciento, desde de septiembre de 2017 a la fecha”.
La Secretaría de Movilidad, “tras un diálogo constructivo y un esfuerzo compartido con las empresas del ramo”, convino reducir a menos de la mitad la propuesta de los concesionarios, con el objetivo de atenuar el impacto a la economía de los usuarios.
En términos reales, el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional.
El secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, aseguró que el ajuste no significa un “cheque en blanco” para los transportistas, sino que, con el nuevo ajuste se comprometen a certificar a 100 mil operadores anualmente, concluir al 100 por ciento el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios.
Además, agregó, se avanzará en la implementación de una plataforma tecnológica que aglutinará a todas las unidades, al tiempo que se establecerá un sistema de prepago en el que tanto operadores como usuarios estarán plenamente identificados, a efecto de inhibir la comisión de delitos en el transporte público.
De acuerdo con un comunicado, el funcionario “recordó que en el estado de México, a diferencia de otras entidades, no hay subsidios al transporte de mediana capacidad, por lo que todos los gastos para mejorar el servicio corren a cargo de los propios concesionarios”.
Ponderó que los transportistas “firmaron una serie de compromisos que los obliga a renovar todas las unidades con más de 10 años de antigüedad, equipar al 100 por ciento las unidades con los kits de seguridad, que consisten en cámaras de video, botón de pánico y geolocalización y cumplir con la cromática respectiva”.
También deben capacitar y certificar a los trabajadores del volante bajo los estándares de competencia EC0246 que imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y con ello garantizar la seguridad de los usuarios.
Martínez Carbajal recordó a los usuarios que hasta finalizar este año sólo deben pagar la tarifa de 10 pesos, vigente en la Gaceta de Gobierno desde el 8 de septiembre de 2017.
En este sentido, advirtió que serán sancionados los operadores que no acaten las disposiciones y excedan el cobro de manera deliberada.
El funcionario reconoció que el tema de ajuste tarifario es sensible y de suma importancia para la entidad, ya que todos los días utilizan el transporte público de mediana capacidad alrededor de 6 millones de personas, para trasladarse a su escuela, trabajo o para realizar cualquier otra actividad.
Informó que a la fecha se han renovado más de 43 mil unidades y se instalaron 13 mil sistemas de seguridad con cámaras de video, botones de pánico y sistemas de geolocalización
