En México es indispensable fortalecer el equilibrio de los poderes y a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA), con un ejercicio democrático, sometido a la ley, transparente y que sea respetuoso de los derechos humanos, los que no deben tener limitación ni excepciones, afirmó César Camacho, profesor-investigador y presidente de El Colegio Mexiquense.
Hay que combatir la intención de dominar, atropellar y colonizar al otro, tanto a los otros poderes como a los OCA, a los que hoy se golpea en el prestigio y el presupuesto, pues la democracia necesita demócratas, afirmó al participar en la segunda mesa, dedicada a «El coto vedado en el Parlamento: los derechos fundamentales y la transparencia», del seminario internacional Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2022, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Dentro del marco de la celebración del vigésimo aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública, César Camacho concentró su exposición tanto en el parlamento abierto, con cuestionamientos pero también propuestas, como en los derechos humanos y la rendición de cuentas.
Del parlamento abierto, dijo, es mucho más que audiencias públicas, a las que señaló como válvulas de escape para legitimar decisiones controvertidas y una tomadura de pelo a los invitados a las mismas, a quienes se ignora; en contraste, propuso una apertura real en que se transparente puntualmente lo que ocurre, que en este momento «no es opaco, sino negro», por las sesiones y las votaciones secretas.
Detalló como puntos a considerar la asignación de recursos humanos, materiales y financieros de los grupos parlamentarios, la aprobación del anteproyecto de presupuesto anual de cada cámara, el trabajo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados respecto de los nombramientos del comité técnico de evaluación de los consejeros del INE y la definición de los perfiles propuestos para ocupar la titularidad de los órganos de control interno de los OCA.
César Camacho se pronunció por derogar la votación secreta, conocida como votación por cédula, es decir, que cada legislador se haga responsable del sentido de su voto de manera abierta, y quitar la opacidad a los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los OCA, el auditor superior de la Federación y el fiscal general de la República, además de que los titulares de las áreas de transparencia cuenten con perfiles probados y experimentados, poner en marcha el Sistema de Evaluación de Diputados creado desde 2018 e incorporar a la sociedad civil y la academia.
Apuntó que las normas en materia de parlamento abierto son inexistentes o se han convertido en letra muerta, hay una veintena de iniciativas que buscan su reglamentación pero no existe voluntad política para dictaminarlas, al tiempo que hace falta reformar la Ley Orgánica del Congreso para crear un comité de ambas cámaras que promueva e implemente el parlamento, así como establecer un órgano asesor externo, prever reglas de participación de la ciudadanía y asignar responsabilidades a todos los órganos legislativos.
Remitió a los datos de la Encuesta de Cultura Cívica 2020 hecha por el INEGI, que señalan que 73.3% de los encuestados dijo tener poca o nada de confianza en sus legisladores y comentó que un parlamento abierto fomenta la rendición de cuentas, comunica por convicción ética y promueve la gobernabilidad democrática.
Aseguró que los derechos humanos no tienen marcha atrás y consideró que la transparencia es un parámetro para saber si se gobierna democráticamente y en el núcleo expansivo de derechos tiene un lugar primordial, en tanto que el poder legislativo, por su composición plural y colegiada, es el más obligado a la transparencia, pues está imbuido de la obligación ética de expandir derechos, no solo de reconocerlos y regularlos, sino de facilitar su deducción, ejercicio y eventual resarcimiento.
Hay que transparentar puntualmente lo que ocurre en el Congreso, afirmó en la mesa en la que participaron la diputada Amalia García, la senadora Olga Sánchez Cordero y Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, con la moderación de Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI.
