El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó por mayoría el informe final sobre la liquidación del partido político local Nueva Alianza Estado de México, sin embargo, tuvo cuestionamientos por parte del PT sobre los montos asignados y los procedimientos seguidos por el interventor.
Durante la sesión, el representante del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, expresó su preocupación por los montos reconocidos, en particular un sueldo mensual de 993 mil pesos, equivalente a un salario diario de 9 mil 766 pesos para el exrepresentante del partido, Efraín Ortiz Álvarez.
«Voy a señalar un reconocimiento del que era presidente o representante aquí, el ciudadano Efraín Ortiz Álvarez, que se le está reconociendo 5 millones 500 mil pesos; un sueldo directo de 993 mil al mes, un sueldo diario de 9 mil 766, creo que ninguna de ustedes gana ese ingreso. No sé si la Presidenta de la República, creo que tampoco. De por sí traemos un poco un mucho señalamiento de la ciudadanía.»
Ante ello, solicitó una reunión con el interventor para aclarar cómo se determinaron estas cifras.
Aunado a ello, la consejera Karina Vaquera respaldó las preocupaciones del PT y votó en contra del proyecto de acuerdo, argumentando que los recursos públicos deben manejarse con transparencia y responsabilidad.
Por su parte, la consejera Paula Melgarejo defendió la aprobación del informe, explicando que el IEEM no tiene facultades para modificar las determinaciones del interventor.
El representante del PT insistió en la necesidad de revisar la normatividad que rige la liquidación de partidos políticos, señalando que si el actual marco legal permite situaciones donde el Consejo General del IEEM, no puede intervenir, pero si avalar, podría afectar la imagen del sistema político, por lo que se propuso llevar al Congreso de la Unión la experiencia para trabajar en una posible reforma constitucional al respecto, y revisar la Ley General de Partidos Políticos y las atribuciones del IEEM en procesos de liquidación, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y evitar precedentes que puedan afectar la confianza ciudadana en las instituciones políticas.
