El presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz, se pronunció por impulsar el Derecho Universitario, para fortalecer la propiedad industrial que se genera en institutos de educación superior y la difusión de una renovada cultura jurídica. 
Al participar en la 24 Reunión de la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de Educación Superior (Anaipes), asentó que como toda institución establecida por la sociedad, las universidades también son sujetos de derecho y sus relaciones son objeto de una normatividad especial.
«Se trata de la conformación del Derecho Universitario, una nueva rama del Derecho Objetivo que exige un conocimiento especializado de las normas que regulan la vida de las universidades, atendiendo a su perfil singular y propio», refirió el ministro.
En un comunicado, Ortiz Mayagoitia explicó que la propia Constitución es la base de la rama jurídica que los abogados de las instituciones de educación superior estudian, porque establece que la investigación y la difusión de la cultura y del conocimiento son el principal fin de las instituciones educativas.
«Con el sustento que otorga nuestra Constitución -dijo- el Derecho Universitario debe regular, con un espíritu sistemático y coherente, todas las relaciones y la vida de las instituciones públicas educativas del país y seguramente será enriquecido a través de los resultados que arroje la reunión de la Anaipes».
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo votos para que estos encuentros continúen como un foro de discusión sobre temas de interés para instituciones de este tipo y contribuyan al desarrollo social, científico y cultural de la nación.
A su vez, el presidente de la Anaipes y abogado general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Luis Alberto Cortés Ortiz, dijo que los profesionales del Derecho que integran la asociación buscarán, con un diálogo abierto, fortalecer el desarrollo de las instituciones públicas de educación superior del país.
«Sabemos que las instituciones de educación superior son parte fundamental del desarrollo del país, y como áreas jurídicas debemos distinguirnos por la prestación de asesoría jurídica de calidad y excelencia a los estudiantes, docentes e investigadores, para apoyar el mejoramiento continuo de sus procesos y la interacción institucional», indicó.
