Para asegurar que la comercialización de cárnicos en el municipio Mexicaltzingo se realice bajo estrictos estándares de salubridad, legalidad y transparencia, el consejero jurídico del gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora y la presidenta municipal, Saray Benítez Espinosa, firmaron un convenio de coordinación en materia de verificación administrativa.
Este acuerdo beneficia tanto a comerciantes como a consumidores impulsando la economía del municipio mediante la legalidad, la certeza jurídica y la seguridad sanitaria de los productos cárnicos, principal actividad empresarial de esta localidad.
“Va dirigido a todos los rubros y sectores económicos, pero fundamentalmente al más importante en este municipio, que es la producción y comercialización de carne de cerdo. Se trata de garantizar que los productores cumplan con las normas establecidas por el gobierno del estado, brindando confianza a la ciudadanía de que se están haciendo bien las cosas, en su principal sector económico”, aseveró Jesús George Zamora.
“Estamos muy agradecidos por este trabajo en equipo. Será de gran beneficio para los comerciantes, porque ahora contarán con verificaciones realizadas por personal capacitado, en un marco de legalidad, certeza y cero corrupción” afirmó.
Rigoberto Enríquez Prado, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), informó que como parte del convenio se implementarán operativos colegiados en coordinación con áreas como desarrollo económico, medio ambiente, protección civil y salud, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de operación en las unidades económicas del municipio.
Asimismo, se entregarán credenciales con código QR a los verificadores, para identificarse como personal autorizado a realizar las inspecciones, esto reforzará la transparencia y generará mayor confianza en las mismas.
En lo que va del 2025, el Inveamex ha autorizado 11 mil 403 visitas de verificación en diversas localidades del territorio estatal, de las cuales 213 derivaron de quejas ciudadanas, 250 por solicitudes directas de la población y 10 mil 940 a petición de diversas dependencias estatales.
