Que México sufre de un altísimo grado de impunidad, es algo que sabemos con certeza desde hace muchos años.
La impunidad, es decir, el hecho de que un delito o un delincuente escape de un castigo, se ha normalizado en México. Las cifras lo confirman: el ïndice Global de Impunidad, preparado por la Universidad de las Américas Puebla, señala que 99 por ciento de los delitos en México no son castigados; sólo 7 de cada 10 delitos son denunciados y de todos los delitos denunciados sólo en 4.46 por ciento hay sentencias condenatorias.
Pero no hay mejor forma de ejemplificar el alto grado de impunidad que existe, que el hecho ocurrido hace un par de días en Toluca: una joven fue navajeada en la cara por un delincuente que no se sabe si la acosaba sexualmente o quería asaltarla. Sea cual fuera la motivación del delincuente, el hecho ocurrió a centímetros de la Cámara de Diputados, a menos de 200 metros de la sede del Poder Ejecutivo del estado y a una distancia similar de la sede del ayuntamiento de Toluca.
El delincuente actuó con tal sensación de impunidad, que no le importó la cercanía de los edificios gubernamentales, habitualmente resguardados por unos cuantos policías. Es decir, actuó con conciencia de que a pesar de estar a unos metros de varias docenas de policías, no sería detenido y mucho menos castigado…
Ese es el grado de la impunidad. Inconcebible, pero alentado por funcionarios y servidores públicos que hablan mucho, dice poco y hacen menos…
