Impunidad

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Media docena de exgobernadores mexicanos están presos y sujetos a proceso penal. Otro par anda por ahí, prófugo de la justicia y a salto de mata —como se decía en términos coloquiales, porque dudo que sea así—. Y sobre muchos más pesan las sospechas.

Pero salvo en dos de los casos, el de Mario Villanueva Madrid, preso desde hace varios sexenios —la unidad de tiempo básica en México es el sexenio—, acusado de delitos vinculados al narcotráfico, y el tabasqueño Andrés Granier, acusado de peculado, con los restantes nomás no pasa nada.

Repasemos: Tomás Yarrington, prófugo desde hace una década está detenido en Italia, pero parece que será más fácil que lo manden a Estados Unidos que sea juzgado y sentenciado en México. Su paisano Eugenio Hernández está detenido, pero como si no pasara nada. Lo mismo que el michoacano Jesús Reyna y el sonorense panista Guillermo Padrés —que amaga con salir—. Mención aparte merecen los veracruzanos Javier Duarte y Flavino Ríos, el primero porque a pesar de que es evidente que saqueó las arcas de Veracruz, nomás no pasa nada, y del segundo a pesar de que favoreció la fuga de su antecesor, tampoco hay poder humano que lo castigue.

Está también Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, al que extraditan de Panamá, pero del que tampoco hay que albergar esperanzas de que haya un castigo ejemplar.

Y de los prófugos, como César Duarte Jaquez, ni hablar. O de los que aparentemente ya se salvaron como Humberto y Rubén Moreira. O el hidrocálido Luis Armando Reynoso, el michoacano Fausto Vallejo, y el neoleonés Rodrigo Medina.

La persecución del delito está en entredicho, especialmente en estos casos relevantes. Cambia el año y lo único que queda es la percepción de impunidad. Y corrupción, por supuesto.

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