En el estado de México, en los últimos cinco años, se contabilizan 572 denuncias por aborto en la entidad mexiquense, y en los últimos cuatro años la cifra se disparó considerablemente al pasar de 66 a 155 denuncias de 2016 a 2019.
Datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que, de enero a agosto de 2020, 101 personas, principalmente mujeres se les inició una carpeta de investigación por el delito de aborto.
A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, el delito de aborto en México se clasifica como no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza y continuar con el proceso fuera de prisión, según lo establecido en el artículo 19 de la Constitución.
Las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad —que van desde 15 días hasta seis años—, y multas —que pueden ir desde 20 a 300 Unidades de Medida y Actualización, trabajo en favor de la comunidad y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico.
Cabe mencionar que en México los códigos penales criminalizan también a quienes auxilien a una mujer a abortar, situación que contribuye no solo al estigma alrededor del aborto, sino a la falta de acceso a abortos seguros en servicios de salud, para el caso del estado de México, la sanción es de 1 a 6 años en prisión o una multa de 30 a 200 días.
Actualmente, solo en la Ciudad de México y en Oaxaca las mujeres pueden solicitar la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación.
