La legisladora Leticia Mejía García (PRI), presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura mexiquense, informó que, de los 43 municipios reconocidos legalmente con población indígena, 18 demarcaciones no cuentan con dirección o unidad administrativa equivalente de atención a este grupo poblacional.
Lo anterior, explicó la parlamentaria, contraviene lo establecido en la reforma a la Ley Orgánica Municipal estatal de abril de 2020, con la cual se marcó la obligación de los ayuntamientos con población indígena de crear esta dirección, a cargo de una persona que preferentemente hable y escriba alguna de las lenguas indígenas propias de la región.
En reunión de trabajo de la comisión legislativa, expuso que los municipios que no han instalado estas áreas son: Acambay, Aculco, Amanalco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Ixtapan del Oro, Ocoyoacac, Otzolotepec, Soyaniquilpan, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Texcoco, Timilpan, Valle de Bravo, Villa de Allende y Xalatlaco.
La diputada puntualizó que existen ocho municipios más que cuentan con tales unidades administrativas, de los cuales cinco (Chalco, Ecatepec de Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán) aspiran a ser reconocidos por la Ley de Derechos y Cultura Indígena estatal como demarcaciones con población originaria; mientras que otros tres (Luvianos, San Mateo Atenco y Valle de Chalco), sin estar obligados por la ley, crearon tales unidades administrativas.
En este tenor, recordó que el 12 de febrero pasado el Congreso mexiquense exhortó a 48 municipios con población originaria (los 43 que están reconocidos legalmente con población indígena más Chalco, Ecatepec de Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán), a informar sobre el cumplimiento de este mandato legal, de los cuales sólo seis respondieron: Donato Guerra, Toluca, Xonacatlán, Villa del Carbón, Nicolás Romero y Amecameca.
En otro tema la comisión acordó requerir a la Junta de Coordinación Política calendarizar las reuniones de trabajo para analizar y dictaminar las iniciativas que buscan armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal que reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujeto de derechos; incorporar un procedimiento más ágil en la legislación para actualizar constantemente el catálogo de tales comunidades; incorporar en este listado a Chalco, Ecatepec, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán, además de Nextlalpan; y la creación de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Migrantes.
