La reinserción de niños y adolescentes infractores no es tarea fácil, toda vez que la influencia nociva que han tenido desde temprana edad, impide que los programas de reinserción permeen en las acciones de los centros de internamiento, aseguró Jorge Pesqueira Leal, académico, activista y especialista en temas de seguridad pública.
Afirmó que actualmente se tiene una niñez de victimarios-víctimas porque la sociedad ha hecho algo para que experimenten la desviación en el proceso del desarrollo armónico y pleno de sus facultades y atributos.
En el marco del Segundo Congreso Nacional Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Postpenitenciario en México, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el experto señaló que si las personas naciéramos en culturas donde quienes nos acogen, como la familia, la escuela o el barrio, operaran como instituciones socializadoras, encontraríamos condiciones para transitar hacia un desarrollo armónico dentro de la sociedad.
Al impartir la conferencia magistral “El árbol de la Justicia y la Reintegración Social del Estado”, explicó que la realidad que encuentra cada ser humano que llega al mundo es de una cultura criminógena y un ambiente contrario al deber ser de la misión que tiene encomendada la familia o el hogar, lo que se refleja al paso de los años en conductas antisociales.
Destacó que la sociedad mexicana vive actualmente situaciones complejas de violencia donde la impulsividad suele dominar a las personas y el autocontrol no se manifiesta con facilidad; derivado de ello, en espacios que debieran ser de protección, ahora son de riesgo, por ejemplo, el hogar, lo que genera que desde la infancia se vayan fraguando conductas que en la adultez lleven a cometer actos delictivos de distinta índole.
En los últimos tiempos, dijo, en México se generó una sensación de impunidad y empoderamiento no sólo del crimen organizado, sino del común, es decir, la sociedad está en un proceso en el que es incapaz de desarrollar políticas públicas que permeen y sean eficaces en acciones que reduzcan la impunidad y que permitan que el Estado responda con firmeza ante los diferentes delitos.
