Poco nos duró el gusto: en un par de semanas del nuevo gobierno municipal de Toluca volvió la tolerancia hacia el comercio ambulante en la zona de la Terminal de Autobuses de Toluca.
Ignoro quién será el responsable de la permisividad y tampoco me importa demasiado. El hecho es que estos ojos que se habrán de comer los gusanos, han podido atestiguar, sin lugar a dudas que esta semana volvió el ambulantaje. Y el espacio público, ese que hace unos pocos días el propio gobierno municipal reivindicaba como de todos, volvió a que dar en manos de la informalidad comercial.
Atrás quedaron los cuatro meses en los que se les impidió operar al margen de la legalidad. Por razones que solamente conocen los interesados, al lado de las patrullas municipales que durante varias semanas estuvieron vigilantes de que ningún ambulante se instalara, aparecieron de nueva cuenta los puestos en las calles aledañas a la central de autobuses. Sin duda, un paso atrás en el orden de la ciudad capital del estado de México, a la que la actual administración municipal quiere poner “guapa”, pero a la que sus funcionarios —mayores o menores, no lo sé— dejan cacariza.
Nadie en sus cabales puede rechazar la actividad comercial, puesto que genera empleos, riqueza y abona a la economía local. Es un hecho que las actividades tercearias, comercio y servicios, significan dos terceras parte del producto interno bruto nacional y local. Pero también es un hecho que casi la mitad de la economía mexiquense está en la informalidad, lo que significa que son una salida económica para muchísima gente pero que fiscalmente contribuyen muy poco al país, de modo que en la medida en que estas actividades entren en el aro de la legalidad, además de significar ingresos para quienes desarrollan estas actividades, harán una contribución al erario local, estatal y nacional.
A menos, claro está, que haya funcionarios interesados en mantener el “status quo” y que algunas “contribuciones” queden entre particulares.
Un estudio del 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe intitulado “Estimación de la informalidad en México a nivel subnacional” señala que en Toluca el nivel de informalidad es uno de los más altos en el estado de México, junto con una docena de municipios conurbados del valle de México. Y el estudio dice: “La informalidad es una característica estructural de los mercados laborales que incide negativamente, por una parte, sobre las personas trabajadoras, que ven vulnerados sus derechos fundamentales, principalmente en materia de protección social y de condiciones de trabajo decente. Por otro lado, incide sobre el sector empresarial, pues su sostenibilidad, niveles de productividad y competencia desleal también resultan afectados. Por último, perjudica al Estado, cuya recaudación fiscal se reduce, así como el ámbito de acción del gobierno, principalmente en el campo de las políticas económicas, sociales y ambientales”.
Pero a alguien le conviene que la informalidad regrese o se mantenga. ¿A quién? Es un misterio digno de Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Pepe Carvalho, Auguste Dupin o Miss Marple.
