Los próximos días se llevará a cabo una consulta ciudadana con las comunidades indígenas del estado de México para crear un plan de acciones y propuestas de ley que se presentará ante el congreso local a través de un Consejo Legislativo Indígena. Dicho planteamiento se planea replicar a nivel nacional, en los 32 estados de la República Mexicana.
Ante el temor de que el próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y los gobiernos locales, sigan sin apoyar a las comunidades indigenas por medio del poder legislativo, el representante de la gubernatura indígena de México, Daniel Reyes Martínez, realizará, junto con el representante legal de comuneros, Santiago Pérez Alvarado, una consulta ciudadana que de pie a un congreso nacional indígena donde se constituirá el Consejo Legislativo que impulse las propuestas de ley en beneficio de 27 millones de indígenas en nuestro país.
«Hemos decidido llevar a cabo el congreso legislativo indígena de México, en esa creación lo que nosotros buscamos es hacer propuestas de ley, no venimos a chocar ni a pelear con nadie, simplemente venimos a hacer propuestas cimentadas y consultadas con las comunidades».
Santiago Pérez Alvarado explicó que los próximos días, miércoles, jueves y viernes se realizará la consulta ciudadana en las comunidades indígenas de la entidad con la finalidad de conocer las necesidades de sus habitantes e ir construyendo el plan de acciones, el cual se dará a conocer el próximo lunes en una nueva conferencia de prensa.
Dicho plan será retomado por el representante de la gubernatura indígena de México para convocar a las diversas comunidades indígenas en el país a una serie de foros donde se discutirá el planteamiento que surge desde el estado de México. Una vez dado a conocer el plan de acciones se solicitará a cada una de las comunidades a elegir a un representante que formará parte del Consejo Legislativo Indígena.
Es de mencionar que esta gubernatura indígena de México, representada por Daniel Reyes Martínez, es un conglomerado de 300 organizaciones de todo el país que inicio sus actividades, de manera formal, desde 2005. Este grupo de organizaciones concentra – según el propio representante – alrededor de un millón de integrantes en cada uno de los estados de la República Mexicana.
Si bien reconocen que estás organizaciones no están reconocidas ante la ley, basan su estructura de gobierno en el artículo segundo constitucional y los acuerdos internacionales ante la ONU, sin especificar dichos acuerdos.
