Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Derechos Humanos de la LX Legislatura, iniciaron con el análisis del tema de la Ley de Amnistía en el Estado de México.
Actualmente, en el Congreso mexiquense existen cuatro propuestas de la Ley en la materia. Una presentada por el grupo parlamentario de Morena, una más por el Partido del Trabajo (PT), la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) específica para el tema de aborto y la del ciudadano José Humbertus Pérez Espinosa.
En el caso de la propuesta morenista se contemplan 14 supuestos que benefician a personas en situación de pobreza y vulnerables como lo son: adolescentes, mujeres indígenas, campesinos, mayores de 65 años y a quienes hayan delinquido incitados por sus cónyuges, parejas u obligados por el crimen organizado.
En esta iniciativa se establecen términos muy claros para resolver la solicitud de amnistía como por ejemplo que el Poder Judicial tendrá tres días para determinar su ingreso y una vez que esto suceda tendrá 10 días para resolver el caso.
Los morenistas proponen la creación de una comisión especial que le de seguimiento a las violaciones graves de derechos humanos y al debido proceso, es decir, casos especiales.
Los perredistas que buscan que las mujeres que estén en prisión por haber abortado puedan salir en libertad, afirman que en el Estado de México este delito contempla penas de uno a tres años de prisión. Esto va de la mano con su propuesta de despenalizar el aborto en el territorio mexiquense.
En esta sesión, el diputado del Partido Acción Nacional, José Antonio García García, expresó su desacuerdo con las propuestas. Dijo que la Ley Nacional de Ejecución de Penas, ya establece cuatro mecanismos para liberar como lo son: la preliberación anticipada, la liberación condicional, sustitución de penas y un programa penitenciario para grupos específicos que se tengan que liberar.
“Mecanismos más viables que una Ley de Amnistía, ya que dicha ley pretende perdonar determinados delitos sin considerar la situación jurídica del individuo”, aseguró.
Detalló que en el Estado de México se han concretado 660 preliberaciones y pueden llegar hasta cuatro mil, de acuerdo con el Gobierno mexiquense, a diferencia de lo que pasa a nivel federal que pese a que ya fue aprobada, no se ha liberado a ninguna persona.
Los diputados Max Correa de Morena y María Luisa Mendoza Mondragón del Verde, coincidieron en que en las siguientes sesiones de trabajo se pueda invitar a representantes del Poder Judicial, de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense.
