Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; y Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura del Estado de México, iniciaron el análisis de tres iniciativas de reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, primordialmente con el fin de homologar la Constitución de la entidad con la del país.
Al respecto, la diputada Leticia Mejía García enfatizó que la lucha de los pueblos trasciende colores políticos y que es crucial pasar de la retórica a la acción. Subrayó que los plazos para las adecuaciones normativas, derivados de la reforma federal del 1 de octubre de 2024, ya vencieron. Por lo que, como proponente de una de las iniciativas, señaló que su propuesta busca incorporar en la Constitución local derechos como la participación efectiva de mujeres indígenas y afromexicanas, la consulta previa para medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos, el reconocimiento de sistemas normativos y autoadscripción, y la designación de estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio.
Además, contempla la promoción de la medicina tradicional, la preservación de la bioculturalidad, la asistencia legal con intérpretes especializados y el impulso al desarrollo comunitario con partidas presupuestales. La diputada también mencionó la posibilidad de una consulta estatal.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes coincidió en la necesidad de armonizar el artículo 17 de la Constitución estatal con la reforma federal, reconociendo a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Citó el caso de una mujer indígena náhuatl injustamente condenada por deficiencias en la traducción, resaltando la importancia de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial y la necesidad de sentencias con perspectiva indígena, y por ello, propuso invitar a los magistrados de dicha Sala para evitar la sobrerregulación y construir una propuesta robusta basada en el pluralismo jurídico, donde los derechos colectivos prevalezcan sobre intereses privados que afecten el desarrollo sostenible de los territorios indígenas.
Ambas diputadas reconocieron y valoraron la propuesta del Ejecutivo estatal, para realizar un esfuerzo coordinado entre los poderes para lograr una reforma constitucional integral.
En ese sentido, como representantes del Ejecutivo, Manuel Quiñones Flores, encargado de despacho del Cedipiem, detalló que su dependencia prioriza la atención a comunidades indígenas, aumentando en 60% los beneficiarios del programa «Niñez Indígena con Bienestar» y garantizando entregas directas de apoyos.
Por su parte, Mario Enrique Rosales Caballero, subdirector de Normatividad de la Secretaría de Bienestar, subrayó que estas iniciativas son un punto de acuerdo transversal, buscando no solo reconocer los derechos indígenas en el papel, sino garantizarles a través de políticas públicas y acciones concretas.
Erik Segundo Mayor Arredondo, coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría del Bienestar, señaló que las tres reformas buscan la armonización constitucional con el decreto federal del 30 de septiembre de 2024, con el objetivo de un reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos Mazahua, Matlatzinca, Nahuas, Otomí y Tlahuica.
Finalmente, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, destacó la importancia de la reforma por el mandato constitucional federal. Señaló que la iniciativa local incluye los sistemas normativos indígenas, el reconocimiento de su personalidad jurídica y patrimonio, y la obligación de las autoridades de brindar asesoría y juzgar con perspectiva intercultural, lo que requerirá una armonización posterior de todo el marco jurídico secundario.
