Ante la grave contaminación que afecta al río Lerma, considerado uno de los más deteriorados del país, y el anuncio federal para su recuperación, se han iniciado una serie de acciones para su ello, por lo que de acuerdo con Joel Osorio Gutiérrez, integrante de la Contraloría Social PROAGUA, estas medidas incluyen recorridos en puntos críticos, la identificación de fuentes de contaminación y la planeación de trabajos de remediación.
Informó que entre los sitios más afectados destacan el municipio de Almoloya del Río, que es justamente donde nace el río y se han detectado altos niveles de contaminación, se visitó también Reciclagua, que es una planta tratadora de agua obsoleta, con más de 30 años de retraso tecnológico, y los Totoltepec, considerada la zona más contaminada del país, con presencia de metales pesados y lixiviados que afectan la salud de las comunidades aledañas.
“También hemos recorrido las macroplantas tratadoras de agua, donde, desde nuestro punto de vista, se está cometiendo un crimen, por ejemplo, la macroplanta de Toluca Norte recibe aguas residuales de Metepec, Toluca y algunas de San Mateo Atenco; estas aguas son tratadas, pero ¿Qué creen? Al ser procesadas, requieren menos esfuerzo, pero esa agua tratada se vierte en el río, que está completamente ennegrecido por los agentes tóxicos que transporta.”
Con estas visitas, informó que entre las primeras acciones de emergencia se encuentran la limpieza de lagunas de oxidación en Almoloya del Río, donde se ha detectado filtración de contaminantes hacia cuerpos de agua limpios; la corrección de desviaciones en el cauce del río Lerma, identificadas en más de tres tramos durante los recorridos realizados; y la limpieza de drenes que retroalimentan el río con aguas contaminadas.
Sin embargo, señaló, los desafíos son enormes, ya que la falta de regulación en el tratamiento de aguas industriales y los actos de corrupción, como el aviso previo a empresas antes de las inspecciones, han agravado el problema, y señaló que además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con solo seis inspectores a nivel nacional para supervisar estas cuencas.
Finalmente, señaló que la Secihti (antes Conacyt) ha jugado un papel clave en el diagnóstico y la planeación de las acciones, apoyando con recursos técnicos y científicos; y que las comunidades afectadas han participado activamente en los recorridos y en la denuncia de irregularidades, como la expansión inmobiliaria que amenaza áreas boscosas y fuentes de agua.
