Un político me dijo un día que había dos formas de hacer frente a la inseguridad: una era hacerle frente con paciencia y constancia, sin mucho ruido, pero sí con resultados; la otra era con mucha alharaca, con grandes anuncios en busca de generar una percepción de trabajo, pero que al final dejaba resultados muy escasos.
Esa conversación, de hace más de una década, la recuerdo constantemente cuando se trata de acciones gubernamentales contra la inseguridad.
Lo recuerdo porque poco a poco, pero de manera implacable, los servidores y funcionarios públicos le han ido endosando a la gente la responsabilidad de su seguridad: cuídense, no salgan a la calle, vigilen, no hagan ostentación, denuncien, y un largo etcétera. Mientras, los responsables verdaderos de la seguridad se han dedicado a administrar el problema. Y administrar no significa acabar con él, sino dosificar sus acciones, aparentar, presumir los logros —fortuitos o deliberados—, en aras de garantizar su chamba, mientras la inseguridad se convierte en una institución.
Lo recuerdo porque las cifras relativas a la violencia e inseguridad empeoran, mientras los funcionarios encargados de contrarrestarlas continúan haciendo lo mismo que sus antecesores: ni prueban nuevas soluciones ni inventan nuevas fórmulas o sistemas. El mismo y creciente problema se enfrenta con viejos, gastados e ineficientes modelos.
Las transformaciones son cosméticas: hay que poner el número de las patrullas así de grande, hay que cambiar de nombre a las instituciones —como la Procuraduría y la Fiscalía—, viejos programas modifican su nombre, caras nuevas al frente de corporaciones con los mismos mandos…
Para que una receta de un resultado distinto hay que cambiar los ingredientes. Pues eso, solo que en seguridad. Hasta ahora, la misma receta, los mismos ingredientes han dado más inseguridad y criminalidad. Se necesitan otros ingredientes y otros procesos.
