Inserción social eficaz a través del Tribunal de Tratamiento de adicciones

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La única forma de lograr resultados claros respecto a la reinserción social es a través del Programa del Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA), aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, al entregar material para pruebas de toxicología que se aplicarán a los participantes del TTA.

Foto Cortesía

Desde que la aplicación de este mecanismo de justicia terapéutica inició en 2014 en la entidad, el Poder Judicial del Estado de México va a la vanguardia junto con cuatro entidades más que cuentan con esta opción para brindar una segunda oportunidad a quienes cometieron un delito bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, mediante una perspectiva integral y multidisciplinaria, señaló Medina Peñaloza. 

La Dirección General de Apoyo y Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional realizó la donación del material a través de la Dirección de Peritos, por lo que Medina Peñaloza reconoció a su directora, María Elena Pons Escalera y su equipo de trabajo, por la solidaridad y el ánimo de contribuir para fortalecer la labor de la institución.

En este sentido, el coordinador del programa TTA, el juez José Alfredo Cedillo González enfatizó que los test antidopaje representan la forma más eficaz y objetiva para establecer un marco de responsabilidad y medir el progreso de cada participante, a través de un instrumento preciso que permite a los participantes ser agentes activos en su proceso de tratamiento como un elemento disuasivo.

 Las pruebas de detección de consumo de sustancias psicoactivas se realizan mediante la toma de una muestra de orina, misma que es colocada en cuatro reactivos químicos que son capaces de revelar si el sujeto ha ingerido cocaína, metanfetamina, morfina o marihuana.

El modelo de Tratamiento de Adicciones constituye una alternativa a la privación de la libertad y sugiere resultados más efectivos en términos de reducción de delitos, consumo de drogas, disminución de la población penitenciaria y eficacia en el uso de recursos públicos.

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