La reforma a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios respeta “los derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados y pensionistas al mantener intactos los beneficios, derechos y prerrogativas de las que disfrutan actualmente”, aseguró el Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios (Issemym). Agregó que “se mantienen requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión, condiciones generales y servicios”.
La Cámara de Diputados del estado de México aprobó la reforma a la ley reglamentaria del Issemym que crea un nuevo sistema de pensiones para los trabajadores al servicio de la administración pública estatal y municipal.
Con esta nueva ley —informó el Poder Ejecutivo del estado—, “los servidores públicos que ingresen a partir de 2019 y a aquellos que actualmente se encuentren en activo, y que deseen migrar al nuevo régimen, se les abrirá una cuenta individual en una administradora de su libre y personal elección, donde se depositarán las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, ya sea por cesantía en edad avanzada y vejez, lo que abre la puerta a la portabilidad de derechos y los trabajadores podrán migrar a otras instituciones de seguridad social sin perder sus ahorros para el retiro”.
En el caso de los servidores públicos en activo, se les aplicará un ajuste en sus cuotas, por abajo de la inflación, mismas que se destinarán 1.5 por ciento a servicios médicos y el 2 por ciento restante a su ahorro en el fondo de pensiones.
Se prevé, además, un incremento en las aportaciones que pagan las instituciones públicas de 6.5 por ciento que se destinarán tanto al rubro de pensiones como a fortalecer los servicios de salud en materia de suministro a los medicamentos, modernización de equipos médicos e introducción de nuevas tecnologías para fortalecer el perfil preventivo y de detección temprana de padecimientos.
La reforma legal creó un “Sistema Integral de Créditos” compuesto por un fondo intocable y permanente para hacer efectiva la prestación de préstamos personales e hipotecarios en beneficio de las familias de los servidores públicos.
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