Intento de linchamiento en Tlalchaloya fue por defensa de delincuentes

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Braulio Álvarez Jasso, alcalde de Toluca. (Foto: Sonia Alejandro Vilchis)
Braulio Álvarez Jasso, alcalde de Toluca.
(Foto: Sonia Alejandro Vilchis)

El intento de linchamiento registrado el pasado viernes en la comunidad de Tlalchaloya en el municipio de Toluca en contra de dos agentes ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, se derivó de un problema particular, en donde un grupo de familias defiende a una banda de delincuentes asentada en esa comunidad, así lo informó el presidente municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso.

 

En entrevista, el alcalde toluqueño negó que previo a este enfrentamiento tuviera conocimiento sobre la presencia de hampones en esta zona, por lo que reiteró los hechos responde a los intereses de una parte de la población que dijo –se sintió afectada en sus intereses- al notar la presencia de la autoridad judicial.

 

Sin embargo, dijo las investigaciones las llevará a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

 

Luego de presidir la Quincuagésima novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, mencionó que en la zona de Tlachaloya se realizan operativos, por lo que adelantó que sostendrá una con los 10 integrantes de la comisión elegida por la gente para dar seguimiento a la presunta orden de cateo y carpeta de investigación que tiene abierta la Procuraduría.

 

En otro orden de ideas, el presidente municipal de Toluca, Braulio Álvarez Jasso refirió que los 40 inconformes por la ampliación de la vialidad Lombardo Toledano, en Santa María Totoltepec,  municipio de  Toluca tienen esta semana para ceder los cuatro mil 500 metros cuadrados de ejido sin recibir indemnización.

 

De lo contrario señaló  los 35 millones de pesos que serían destinados a este obra serían referidos a otro punto de la calle en donde la gente –dijo- sí quiere una forma de vida diferente y los beneficios que la obra conlleva.

 

Así lo señaló luego de que vecinos de la zona impidieron el paso de las maquinarias, pues advierten que la ampliación de la calle perjudica sus terrenos y exigen que el ayuntamiento les pague la parte que les corresponde.

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