El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García afirmó que «las niñas y los niños tienen derecho a recibir una educación libre de violencia y es deber del Estado garantizar un ambiente sano, seguro y sin violencia dentro de las instalaciones escolares y durante su desarrollo educativo”.
De la misma manera señaló que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2016 México ocupaba el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar con 18 millones 781 mil 875 casos.
Asimismo, Olver García agregó que del 1 de enero al 25 de marzo del año en curso, la Codhem inició 414 quejas contra el sector educativo que representan el 20 por ciento del total de las recibidas en ese periodo, lo que refleja la gravedad del problema; por ello, abundó, se creó la Visitaduría especializada en Violencia Escolar, a fin de atender los casos de manera oportuna y brindar asesoría jurídica a quienes consideren que sufren acoso escolar por parte de sus compañeros u hostigamiento de los docentes.
Igualmente, puntualizó que el personal de la Defensoría de Habitantes lleva a cabo acciones y programas que privilegian el interés superior de la niñez y los derechos de personas de todas las edades «para garantizar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que marcan tratados y normas internacionales, con la finalidad de que los estudiantes reciban una educación de calidad, libre de violencia, en igualdad de condiciones y de trato.»
De la misma forma comentó que a través de talleres, actividades lúdicas y la formación de grupos escolares promotores de valores y derechos humanos, el organismo defensor impulsa valores como la igualdad entre niñas y niños para prevenir actitudes y conductas que pueden incidir de manera negativa en los centros educativos.
Finalmente, personal de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas atiende de manera personalizada a quien acude para quejarse de conductas de docentes y autoridades educativas que afectan el derecho a la educación, gestiona y favorece el diálogo para solucionar el conflicto siempre y cuando no sean casos graves; «todo con el propósito de que los servidores públicos del sector educativo estén conscientes del importante papel que tienen en la vida de los estudiantes», finalizó.
