El servicio público debe tener perspectiva intercultural para participar, promover y materializar los derechos humanos de los pueblos originarios y sobre todo, respetar la dignidad de las mujeres indígenas, porque ellas tienen derecho a todos los derechos por ser personas, señaló la jefa del Departamento de Atención a Pueblos Originarios, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Marilyn Ramón Medellín.
Durante la conferencia a distancia “Derechos humanos de las mujeres indígenas” en el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, explicó que ellas son triplemente discriminadas: por ser mujeres, indígenas y pobres, a pesar de que el artículo primero constitucional de México prohíbe la discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, por tanto, deben abrirse espacios para que participen, opinen y colaboren para que ejerzan todos sus derechos.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 indicó que siete de cada 10 personas hablantes de lengua indígena están en situación de pobreza; 10.1% de ellas y 16.5% de ellos tienen carencia de acceso a servicios de salud; 79.7% y 80.9% de mujeres y hombres respectivamente no tienen acceso a la seguridad social; 66.5% de mujeres y 66.6% de hombres carecen de servicios básicos; y un estudio de Inmujeres de 2018 dio a conocer que el 46.7% de mujeres y 39.9% de hombres están en rezago educativo.
Ante la subdirectora de Atención a la Igualdad de Género, Sandra Tetatzin Contreras, quien dio la bienvenida a nombre de la presidenta de la Casa de la Dignidad y las Libertades, Myrna Araceli García Morón, la especialista precisó que las instituciones de gobierno tienen la obligación de promover, respetar y acercar el conocimiento de los derechos fundamentales para que cada persona pueda ejercerlos, en especial las mujeres indígenas, quienes representan más de la mitad de la población y tienen derechos específicos como integrantes de una comunidad o pueblo originario.
Ramón Medellín subrayó que derivado de la lucha incansable de mujeres indígenas se logró la creación de leyes, pero no basta porque se deben erradicar ideas machistas y de la época Colonial, así como superar barreras que frenan el desarrollo personal como son las costumbres de algunos pueblos; y aclaró que ellas no buscan ser iguales a los hombres, sino gozar de los mismos derechos, oportunidades y libertades en igualdad de condiciones.
Mencionó que las mujeres indígenas tienen derecho a la cultura; a la tenencia, propiedad y posesión de la tierra; a defender la tierra y el territorio, a defender sus derechos humanos, a la información y a la participación, a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida libre de violencias, a la justicia, entre otros, por tanto, debemos avanzar como sociedad para sensibilizarnos y ser personas empáticas con ellas, abrirles espacios públicos y políticos, denunciar y visibilizar la violencia en su contra, respetar sus usos y costumbres, capacitar a las autoridades auxiliares para que conozcan la ruta a seguir en caso de vulneración.
A las personas defensoras de derechos humanos, oficiales calificadores y representantes de instituciones de gobiernos locales conectados a distancia, dijo que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y ofrecer un servicio humano y respetuoso, por tanto, los retos que tienen es comprometernos a que las leyes no se queden en la letra, sino sean una práctica cotidiana e informar sus derechos sobre todo a ese sector de la población, ya que no avanzaremos como sociedad democrática mientras la dignidad de una mujer sea afectada.
Por último, expresó que en caso de que las mujeres indígenas consideren que sus derechos humanos han sido afectados, pueden acercarse a la CODHEM para recibir orientación, asesoría jurídica, acompañamiento o iniciar su queja, ya sea de manera presencial en las diferentes oficinas ubicadas en el territorio estatal o vía telefónica en el 722 236 05 60 y el número gratuito 800 999 4000.
