Hace una semanas se hizo pública una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila en la que se propone reformar el Código Penal federal. Una parte, propone castigar el robo de identidad, en el caso de cuentas bancarias y correo electrónico.
La otra parte, supone o sugiere castigos a la libertad de expresión en la Internet. La reforma busca “establecer que cuando se publiquen audios, imágenes o videos destinados a denigrar a una persona o grupo de personas, utilizando medios electrónicos de comunicación alámbrica o inalámbrica, la pena de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa se incrementará en dos tercios”.
Lo dije antes y lo digo ahora: esta iniciativa es peligrosa para la libertad de expresión, algunas veces exagerada y hasta anárquica, que existe en Internet. Pero a mí me parecen preferibles los excesos en la libertad de expresión, que castigar conductas con el argumento de valores morales supremos, en el caso que me ocupa, la propuesta señala la discriminación.
En la iniciativa hay un riesgo de censura y de acotamiento de la libertad de expresión en la red de redes: si llegara a ser aprobada, publicar o compartir un meme podría ser delito. Y no solo un meme de un político o de un funcionario o servidor público, sino de particulares a los que les disgustara la imagen. O el video. O el audio —y no quisiera, pero recuerdo el caso OHL—.
No es la primera vez que se hace una propuesta de este tipo. Recientemente el senador Fayad la llevó a la Cámara alta, el diputado federal —hoy preso— David Sánchez Guevara también.
La red de redes es libre. Es hasta libertina y desenfrenada. Es mejor que siga así.
