Al concluir su administración al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna Araceli García Morón, señaló que debido al principio de progresividad de los Derechos Humanos, la labor de la Comisión es interminable.
“La labor de los Derechos Humanos es una labor interminable y los contextos se modifican y probablemente lo que hoy se convierte en un derecho hecho, al que le prestes absolutamente atención, mañana puede ser otro, entonces, la dinámica de la sociedad y la herramienta de los Derechos Humanos como transformadora de realidades es lo que va a ir marcando la pauta. Estoy satisfecha con el trabajo que hicimos” señaló.
Hizo un recuento de los logros de su gestión, destacando que el objetivo principal fue incidir positivamente en la vida de las personas, a través de la tutela y la promoción de los derechos humanos.
Explicó que su administración buscó resolver temas estructurales como el caso de las madres privadas de la libertad que viven con sus hijos en las cárceles del estado, pues la Codhem visibilizó las condiciones en las que vivían los menores, lo que llevó a que el estado mejorara los espacios para las mamás y sus hijos.
También señaló la importancia de la justicia cívica, que, aunque no ha sido objeto de una recomendación general, requiere de acciones para que los municipios respeten la ley y promuevan la convivencia pacífica, pues, a casi dos años de la promulgación de la Ley de Justicia Cívica en noviembre 2023, han detectado dificultades en su implementación, ya que en los municipios persisten en sanciones tradicionales como arrestos de 36 horas, en lugar de medidas alternativas como trabajos comunitarios o mediación.
Además, la interpretación de «alteración del orden público» señaló, es ambigua y susceptible de uso arbitrario, y aclaró que el trabajo comunitario no debe confundir las tareas de limpieza pública que debe hacer el municipio, con actividades de reintegración social. Además, la falta de registro inmediato de detenciones en el Registro Nacional de Detenciones también es una problemática, a pesar de ser una obligación derivada de otras normatividades; por lo que, la transición del sistema tradicional al nuevo modelo de justicia cívica resulta ser el principal obstáculo.
Asimismo, destacó la colaboración con instituciones académicas, como la Universidad de Notre Dame, con la que se estableció una relación de tres años, y no solo se ha quedado en la teoría, sino que ha buscado que las personas conozcan sus derechos, los exijan y, si es necesario, presenten una queja para que la Comisión promueva su cumplimiento.
Finalmente, sobre las reformas en materia de transparencia, y el nuevo rol de los Órganos Internos de Control (OIC) como garantes del derecho humano al acceso a la información pública, señaló que este cambio representa un desafío para los OIC, incluyendo la necesidad de reestructurar su plantilla, fortalecer capacidades técnicas y jurídicas, y generar confianza ciudadana. Sin embargo, también se considera una oportunidad histórica para construir una nueva cultura institucional y demostrar que la transparencia fortalece las instituciones y previene la corrupción.
